Universidad de Chile instala el debate en torno al comercio ilegal de medicamentos

20 abril, 2024

La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Casa de Bello lanzó el «Proyecto Hélice», una iniciativa con la que buscan debatir sobre temáticas de interés nacional. En su primera edición, autoridades del Estado, de la industria y académicos de la Universidad de Chile plantearon sus dudas y entregaron sus conclusiones a propósito del aumento de la venta ilegal de medicamentos y su uso por parte de la ciudadanía.

Proyecto Hélice es una iniciativa de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile que busca promover el diálogo intersectorial, a través de paneles que aborden temáticas de interés nacional. En su primera edición, una de las mesas de debate fue sobre el Comercio Ilegal de Medicamentos, un problema de salud pública que se ha visto incrementado en el último tiempo y afecta no solo a Chile.

Fueron 19 los participantes de este espacio, mediado por el bioquímico de la Universidad de Chile Sebastián Gutiérrez, quienes comenzaron la conversación respondiendo a la interrogante sobre los problemas que genera este fenómeno, lo que trajo aparejada una segunda pregunta: ¿son medicamentos reales o falsificados? Los participantes concordaron en que se trata de un problema multisectorial, ya que involucra tanto los problemas que puede ocasionar en los consumidores, como los problemas de seguridad asociados al eventual robo de medicamentos y, también, la ética de los profesionales de la salud detrás de este negocio.

Si son medicamentos falsificados, es fácil saber qué problemas podría generar en el consumidor, pero de ser reales -producto del robo de camiones o en bodegas de almacenamiento- estos podrían perder estabilidad y eficacia, explicó el académico de la Universidad de Chile, Mario Rivera.

El prefecto de Delitos de Salud Pública de la Policía de Investigaciones (PDI), Edgardo Rodríguez, también planteó entre sus inquietudes el hecho de que un robo a un camión de transporte con medicamentos no es un delito a la salud pública, por lo que disminuye las penas y aumenta el tráfico de estos.

Por otra parte, existe un cuestionamiento a la ética profesional en torno a estas prácticas, especialmente entre las autoridades universitarias, ya que en algunos casos son medicamentos reales, que salen de farmacias o centros de salud, los que terminan en manos de revendedores ilegales o, también, quienes entregan sin la correspondiente receta médica medicamentos que necesitan tratamiento específico y seguimiento.

¿Cómo frenar la venta ilegal de medicamentos?
Luego de definir el problema detrás de este negocio lucrativo e ilegal, los participantes de la mesa plantearon, desde sus distintas experiencias y conocimientos, qué medidas debería tomar la autoridad para frenar la venta irregular de medicamentos.

Patricio Huenchuñir, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos A.G. (Asilfa), y Valentina Garrido, periodista del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, plantearon que uno de los principales factores de la compra de medicamentos de manera ilegal por parte de los consumidores es la falta de acceso a atención sanitaria, lo que aumenta la automedicación. En esta línea, sostienen que la educación es fundamental para que los usuarios sepan de los peligros de esta actividad, pero también es vital una mejora en la atención de salud, especialmente de salud mental, y también que los centros de salud primaria se conviertan en lugares de información y educación.

De esta manera, los invitados plantearon que si bien existe un plan nacional para bajar los costos de los medicamentos, como son las Garantías Explícitas en Salud (GES), hay un problema de información, que hace que muchos no exijan sus derechos.

Las autoridades policiales, en tanto, aseguraron que una actualización de los códigos penales y que se califique el robo de camiones con medicamentos como un delito a la salud pública es fundamental para aumentar las penas de quienes cometen estos ilícitos. Asimismo, indicaron la necesidad de contar con estudios concretos que revelen los reales efectos negativos del consumo de medicamentos falsificados o fuera del comercio legal, insumo que podría aumentar el interés político.

Agregaron, además, la importancia de seriar los lotes y así saber de dónde salen los medicamentos que se venden luego en ferias libres u otros lugares. De esta forma, indicaron, se podría determinar si son bandas que importan medicamentos desde el extranjero, si son parte de las mismas farmacéuticas o se trata derechamente de falsificación de los productos. Por último, proponen el uso de la receta médica electrónica para saber si hay profesionales que entregan recetas para los fármacos de mayor automedicación en exceso.

Finalmente, y a nivel académico, se hizo un llamado a evaluar las mallas de las carreras de química farmacéutica en las distintas universidades del país y poner un mayor hincapié en la ética profesional. Junto a esto, financiar tesis de estudiantes de carreras afines y así aumentar las investigaciones que hay respecto a estos temas.

Los invitados a esta mesa de debate del Proyecto Hélice fueron Jorge Cienfuegos, presidente Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile; Valentina Garrido, periodista del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile; Antonio Morris, director Diplomado Asuntos Regulatorios de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas Uchile; Carla Delporte, académica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas Uchile; Jorge Fuentealba Arcos, Decano Facultad de Cs. Biológicas de la Universidad de Concepción; María Angélica Sánchez, presidenta de la Fundación Petra y Consultora en Asuntos Públicos y Regulatorios; Héctor Rojas, presidente de AFFI: farmacia independientes; Patricio Huenchuñir, vicepresidente Asilfa; Cindy Herrera Navia, Química Farmacéutica de Asuntos Regulatorios de Laboratorio Bago; José Miguel Osorio, doctorado en Farmacología Uchile; Heriberto García Escorza, director del Instituto de Salud Pública; Maximiliano Barenys Vega, Químico Farmacéutico Sección Fisicoquímico, subdepto. Laboratorio Nacional de Control Agencia Nacional de Medicamentos del ISP; Carla Oliveri, Depto. Políticas y Regulaciones Farmacéuticas, de Prestadores de Salud y de Medicinas Complementarias del Minsal; Christian Díaz, Depto. Políticas y Regulaciones Farmacéuticas, de Prestadores de Salud y de Medicinas Complementarias del Misal; María Teresa Andonaegui, Ciencias y Tecnología Farmacéutica Uchile; Mario Rivera, Química Farmacológica y Toxicológica Uchile; Matías Martínez, Ciencias y Tecnología Farmacéutica Uchile; Edgardo Rodríguez Contreras, Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y el Medioambiente de la PDI; Claudia Mardones, decana Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción; Alejandra del Río Vega, Ciencias y Tecnología Farmacéutica Uchile; Javiera Péndola, académica Asuntos Regulatorios Uchile e Ignacio Gillmore, Abogado de Carey y Cía. Ltda.

Síguenos en Twitter