La usurpación es un problema constante en las zonas rurales de nuestro país y requiere inmediata acción por parte del Estado. La ley aprobada en el Congreso entrega las herramientas para hacer frente a este flagelo y fortalece el Estado de Derecho, indispensable para el desarrollo productivo del país, atraer inversiones y generar empleos.
El veto anunciado por el Gobierno sólo extenderá un problema cuya solución hoy está sobre la mesa.
Invitamos a las autoridades a analizar los efectos positivos que han traído iniciativas como la Ley de Robo de Madera y la Ley Naín-Retamal, que también fueron cuestionadas en su momento y han mostrado ser herramientas eficientes para combatir la delincuencia.
Antonio Walker Prieto
Presidente Sociedad Nacional de Agricultura
