Un interesante e intenso debate sobre cómo modernizar la labor de las direcciones de obras municipales y fortalecer la certeza jurídica de los proyectos inmobiliarios se produjo hoy en el seminario “Innovación en permisos de edificación”, iniciativa impulsada por la Asociación de Directores de Obras Municipales y que se llevó a cabo en el marco de la feria ExpoEdifica 2017, que organiza la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Ya en sus palabras de bienvenida, el vicepresidente de la CChC, Ignacio Amenábar, dejó planteada la problemática principal al señalar que “para ejecutar un proyecto es vital la certeza que otorgan los anteproyectos y permisos de edificación. Son la expresión tangible de que existe un rayado de cancha que se ha cumplido a cabalidad y que el proyecto se podrá ejecutar sin contratiempos. Sin embargo, este círculo virtuoso se está debilitando gravemente por acción de personas e instituciones que suelen actuar con desconocimiento y más allá de sus atribuciones legales. El resultado es una progresiva pérdida de la certeza jurídica y de la predictibilidad de las acciones del Estado”.
En el encuentro, el jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Pablo Contrucci, planteó tres importantes desafíos para la modernización del sector: incrementar la productividad pública y privada, definir mejor los roles de los actores que intervienen en los permisos de edificación y fortalecer la certeza jurídica.
Al respecto, el personero destacó un conjunto de iniciativas, como el proyecto de transparencia del mercado del suelo, que, según dijo, mejorará la gestión de los cambios a los planes reguladores. “Hoy la participación ciudadana se basa en mostrar el plan regulador ya diseñado. Lo que queremos con este cambio es aumentar la participación no cuando este ya esté definido, sino cuando se decida realizar un cambio al plano regulador vigente”, indicó.
Contrucci también argumentó que para resguardar la certeza jurídica es necesario fortalecer algunos reglamentos y, de manera fundamental, debatir sobre el tipo de densificación que queremos para las ciudades: “si falla el modelo, la discusión no es la certeza jurídica; la discusión es cómo logramos validar la densificación como una alternativa deseable para los ciudadanos”.
En tanto, el presidente de la Asociación de Directores de Obras, Agustín Pérez, centró parte de su exposición en la importancia de fortalecer la labor de los directores de obras municipales, especialmente en las comunas más pequeñas, que suelen no contar con los recursos ni los profesionales suficientes para desarrollarla correctamente.
Asimismo, expresó su preocupación por “el debilitamiento del conjunto de reglamentos que regulan la entrega de permisos de edificación y que afecta la certeza jurídica que los desarrolladores requieren”.
Pérez se refirió expresamente al caso de Valparaíso, donde diversos permisos de edificación han sido congelados o invalidados “sin que existan razones jurídicas para hacerlo”. Al respecto, defendió las facultades de los directores de obras para otorgar permisos en función de la reglamentación vigente, sin la intervención de criterios políticos. “Casos como los de Valparaíso ejemplifican todo lo que no se debe hacer. La institucionalidad está pensada para que no se mezcle una autoridad política con procedimientos que ya están regulados. Lo más complicado es que se confunde la población. La autoridad no puede suplantar el director de obras”, enfatizó.
En representación de la Cámara Chilena de la Construcción intervino el consejero nacional del gremio, Cristóbal Prado, quien coincidió en que “las actuaciones de distintos alcaldes a lo largo del país han provocado un debilitamiento de la validez de anteproyectos y permisos de edificación, con lo cual, además, el rol de los directores de obras se ha visto severamente menoscabado”.
También mencionó la “confusión respecto del rol de las direcciones de obras generada, por ejemplo, por intervenciones del Consejo de Monumentos Nacionales ante proyectos cuyos permisos han sido bloqueados o debilitados sin que exista base jurídica para ello”. Prado sostuvo que “todo esto provoca una confusión de competencias y un debilitamiento de la institución del director de obras. Es lo que hemos visto que ocurre de un tiempo a esta parte, en circunstancias que todos debiéramos estar pensando en la ciudad que queremos y necesitamos”.
En este contexto, el vicepresidente de la CChC, Ignacio Amenábar, propuso la creación de una mesa de trabajo con representantes del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de los directores de obras y el sector privado “para acordar los mejoramientos institucionales que hagan falta y promoverlos o gestionarlos directamente desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano”.
