El mercado de juegos de azar en Paraguay alcanzó un hito histórico al generar el equivalente a US$32,6 millones durante el último año, según datos de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Esta cifra representa el nivel más alto registrado en la historia de la industria en Paraguay, posicionándolo como un ejemplo de cómo la modernización regulatoria permite mejoras significativas tanto en la recaudación como en la fiscalización.
Según el regulador, el desempeño anual mostró un incremento del 22,9% respecto al ejercicio anterior, cuando los ingresos alcanzaron aproximadamente los US$25,9 millones. Este salto está estrechamente vinculado a un giro estratégico hacia una mentalidad regulatoria moderna, destinada a actualizar un sistema que se había vuelto obsoleto. Un motor clave ha sido la promulgación de la Ley N° 7348/2025, una medida diseñada para modernizar el sistema alejándose de las antiguas estructuras monopólicas y sentando las bases para un entorno más dinámico y competitivo.
El punto de inflexión ha sido la decisión de modernizar el marco institucional mediante un enfoque de supervisión más integrado y estratégico. Esto ha optimizado el monitoreo fiscal y ha canalizado el mercado hacia plataformas formales. Este enfoque proactivo al actualizar las estructuras estatales demuestra que la evolución institucional es esencial para contar con un mercado sano y sostenible.
Paraguay ha abordado esta transición mediante un sistema de licitaciones competitivas con una carga tributaria sostenible, avanzando hacia un marco institucional que prioriza la transparencia y la supervisión. El resultado fue doble: ingresos récord para el Estado y un sistema más robusto para monitorear el mercado real.
El contraste con Chile es evidente. Mientras Paraguay se moderniza y organiza, el Estado chileno deja de percibir hasta US$800 millones al año debido a la falta de una regulación actualizada y moderna para las apuestas en línea. El país cuenta con un proyecto de ley ingresado al Congreso en 2022; sin embargo, bajo la administración del presidente Gabriel Boric, este ha permanecido estancado en el segundo trámite legislativo del Senado. Esto refleja tanto la falta de un impulso decidido por parte del Ejecutivo como las dificultades técnicas de un proyecto cuya estructura actual compromete su viabilidad económica.
Desde la industria de las apuestas en línea advierten que este rezago regulatorio no es neutral. «Cuando el Estado no actualiza un modelo que es claramente obsoleto, lo único que logra es perder la oportunidad de coordinar efectivamente el mercado y sus recursos», señala una fuente del sector con conocimiento directo del debate legislativo.
Las mismas fuentes agregan que el proyecto actualmente en discusión debería ser revisado por las nuevas autoridades, ya que la evidencia comparada muestra que una carga tributaria excesiva termina alejando a los usuarios del entorno regulado. La experiencia internacional indica que un impuesto sobre el GGR (Ingresos Brutos del Juego) de entre el 10% y el 15% permite la viabilidad económica y altas tasas de canalización. El Reino Unido alcanza tasas de canalización cercanas al 90% con una carga de alrededor del 15%, mientras que países como Francia y Portugal —con impuestos efectivos que superan el 40%— enfrentan serias dificultades para contener el mercado informal. En Chile, el estado actual del proyecto de ley también está considerando la aplicación del IVA sobre el GGR, una clara anomalía a nivel internacional que demuestra una incomprensión fundamental de la economía del iGaming y corre el riesgo de hacer que cualquier regulación efectiva sea comercial y operativamente inviable.
Más allá de la recaudación, la industria insiste en que una regulación moderna es una herramienta vital para la protección social. «Un marco legal actualizado es la única forma de garantizar controles de identidad verificables y mecanismos auditables para impedir el acceso de menores», explica otra fuente vinculada a la industria.
El modelo chileno actual no ha logrado adaptarse al entorno digital. Mientras la opción estatal existente ofrece productos limitados, millones de usuarios migran a plataformas en línea que operan bajo altos estándares internacionales y están presentes en múltiples países de la OCDE. Estas plataformas ya implementan protocolos rigurosos de cumplimiento y protección al jugador que una regulación chilena moderna debería buscar formalizar y aprovechar.
Las cifras lo reflejan con claridad. Según datos de la herramienta Ahrefs, las búsquedas directas de casas de apuestas superan los 2,4 millones mensuales en Google en Chile, con un crecimiento cercano al 10% durante 2025. La demanda existe y está creciendo; por lo tanto, debe ser regulada a través de un marco moderno que fomente la inversión y, sobre todo, garantice altos estándares de protección en beneficio de los usuarios.
Para la industria, el dilema es claro: modernizar para organizar y proteger o continuar anclados a un modelo obsoleto. La experiencia paraguaya demuestra que elegir la modernización sobre la obsolescencia es una decisión política con resultados positivos y medibles.
