La Confederación de la Producción y del Comercio y sus seis ramas, agradecen la invitación del Ministerio de Hacienda, efectuada el día 6 de junio de 2023, en que nos presentó una minuta sobre el “Pacto Fiscal para el Desarrollo” elaborada por el Gobierno, y su interés por conocer nuestra mirada gremial, basada en un análisis técnico y responsable de sus contenidos.
Presentamos a continuación las principales conclusiones:
- El Pacto Fiscal propuesto por el Gobierno busca ser un acuerdo que incluye una reforma tributaria y una serie de otros mecanismos para aumentar la recaudación fiscal. Compartimos el llamado a avanzar en aspectos relativos a la modernización del Estado, la eficiencia en el gasto público, evitar la evasión tributaria y reducir la informalidad, todo lo cual permitiría al Estado contar con más recursos.
- Estimamos que recaudar por la vía de alzas tributarias o nuevos impuestos no es el camino adecuado, pues ello impide que Chile recupere su capacidad de crecer, de crear mejores condiciones para la inversión y de generar empleos formales y de calidad, elementos esenciales para satisfacer de manera sostenible las demandas de la sociedad. Un mayor crecimiento, además, es una importante fuente de recaudación fiscal: un punto de crecimiento económico permite allegar US$ 800 millones en recursos al Estado.
- Hoy la economía chilena está estancada, lo que hace especialmente perjudicial aumentar la carga tributaria. El primer trimestre de 2023 la actividad se contrajo 0,6% anual y la inversión retrocedió 2,1%. La mayoría de los analistas espera para este año un desempeño económico en un rango entre -0,5% y 0,25%, y para adelante todas las proyecciones anticipan un crecimiento muy débil, al tiempo que vemos un elevado desempleo y la informalidad superando 27% de los ocupados, lo que significa 2,4 millones de personas trabajando sin ningún tipo protección.
- Por lo tanto, lo que Chile actualmente necesita son acciones que permitan recuperar el ritmo de crecimiento, crear condiciones para que proyectos de inversión se desarrollen en el país, se reimpulsen las concesiones, se generen empleos de calidad y se avance en mayor formalidad en todos los sectores, estableciendo una agenda clara y con plazos definidos para abordar estos desafíos. Esto implica disminuir la burocracia y la incerteza jurídica, junto con terminar con sobrerregulaciones y evitar aumentos de costos para las empresas. Son estas las condiciones habilitantes para mejorar la recaudación fiscal y satisfacer las necesidades sociales de manera sostenida en el tiempo, teniendo siempre en cuenta que en el centro de toda discusión están las personas, cuya calidad de vida depende necesariamente de que el país logre salir del desafiante escenario económico en el que se encuentra.
Las empresas y los gremios empresariales tenemos la mayor voluntad de colaborar en el diseño de buenas políticas públicas que generen progreso a las personas y desarrollo al país. Es parte esencial de nuestro rol abrir espacios de diálogo con la autoridad y los demás actores de la sociedad aportando técnicamente a la discusión, con mirada de largo plazo y foco en el bien común. Si bien es evidente que no nos corresponde negociar ni aprobar proyectos de ley -tareas que radican exclusivamente en los poderes Ejecutivo y Legislativo-, sí es nuestro deber, como representantes de miles de empresas de diferentes rubros, tamaños y regiones, dar nuestra opinión y promover políticas eficaces para el desarrollo de Chile.
Atendido este compromiso con el país, como gremios empresariales ofrecemos toda nuestra colaboración para participar en la elaboración de propuestas que fomenten el crecimiento, la inversión, la productividad y el empleo, dando más oportunidades de progreso y bienestar a todos los chilenos.
