La negociación del reajuste para el Sector Público entra en su fase definitiva tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la mayoría de los gremios de la Mesa del Sector Público, estableciendo un incremento salarial escalonado del 3,4%. El acuerdo, que consolida beneficios históricos en estabilidad y derechos laborales, destaca también por una nueva normativa que exige que la no renovación de contratas sea un acto debidamente fundado bajo criterios objetivos.
El proyecto se encamina hacia su discusión en el Congreso Nacional durante el mes de enero, donde se espera la ratificación de los compromisos suscritos por los ministros de Hacienda y Trabajo. Al respecto, organizaciones que conforman la Mesa del Sector Público, tales como la Confederación FENATS Unitaria expresan su confianza en la mantención de la palabra empeñada tras largos meses de negociación. Ricardo Ruiz Escalona, presidente de la organización, reafirma en el caso del sector salud que «el diálogo responsable ha permitido avanzar en una agenda que prioriza la dignidad del trabajador sin poner en riesgo la atención de los usuarios. También nos permite quedar a la espera de que el Poder Legislativo convierta estos acuerdos en una realidad efectiva para miles de trabajadores y trabajadoras de todo el país».
Frente a las críticas de ciertos sectores políticos que califican estas medidas como «amarres», nuestra organización es categórica en defender la carrera funcionaria: estas cláusulas no buscan proteger cargos de confianza, sino resguardar la continuidad de los trabajadores de carrera y proteger derechos fundamentales, como la maternidad de las funcionarias en reemplazo y la mejora en los incentivos al retiro.
«El respaldo mayoritario alcanzado en esta negociación otorga al acuerdo una validez y legalidad incuestionables ante el Estado. Si bien respetamos las dinámicas internas de aquellas organizaciones que optaron por no suscribir el documento, es imperativo subrayar que la democracia sindical se construye sobre la base de las mayorías. Es esa fuerza histórica la que hoy nos permite presentar ante el país un proyecto que equilibra las legítimas aspiraciones económicas con la necesaria estabilidad que el sistema de salud requiere para su correcto funcionamiento», agrega sobre los alcances logrados.
Desde una perspectiva técnica los trabajadores de la salud pública destacan el logro de derechos fundamentales que impactan directamente en la calidad de vida de, por ejemplo, las trabajadoras embarazadas que se desempeñan en calidad de reemplazo quienes ven protegidos sus puestos, quienes llevan adelante procedimientos por invalidez y otras mejoras relativas del incentivo al retiro. «Estos logros no son concesiones gratuitas, sino el resultado de una estrategia de negociación que pone la dignidad del trabajador en el centro de la discusión», señala Ruiz.
Dentro del reciente debate sobre supuestos «amarres» de altos cargos que esta negociación traería aparejada según algunas voces críticas, el representante gremial plantea que precisamente como parte de la negociación de este pliego, el gremio de los trabajadores de la salud ha advertido que los operadores políticos en el sector suelen enquistan en cargos de larga data una vez concluídos los ciclos presidenciales. «Una vez más, somos enfáticos en señalar la necesidad de separar la carrera del legítimo funcionario público de carrera de la de estos cargos de confianza y asesores; quienes deben dejar sus cargos según corresponda el fin del gobierno de turno», explica.
Correspondería ahora al Poder Legislativo ratificar el compromiso suscrito por el Ejecutivo y las 16 organizaciones fiscales que conforman la Mesa del Sector Público. Esta gestión está proyectada para tener lugar dentro del 5 de enero, previo al receso parlamentario.
Por Carlos Salazar
