Un segundo balance sobre los sumarios realizados por mal uso de licencias médicas en el sector público realizó este viernes el ministro de Hacienda, Mario Marcel Cullell junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña. Cabe recordar que a raíz del informe de Contraloría General de la República (CGR) que reveló viajes fuera del país de más de 25 mil funcionarios públicos mientras estaban con licencia entre 2023 y 2024, el Ministerio de Hacienda instruyó a las instituciones públicas iniciar procesos disciplinarios contra estas personas e informar su avance 30 días después.
Las autoridades detallaron que se han identificad 8.814 funcionarios involucrados en casos de mal uso de licencias en servicios de la Administración Central. Precisaron que, según lo reportado por las instituciones, hay en curso 7.474 sumarios que involucran a 7.926 funcionarios, concentrándose la mayor parte de las investigaciones en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Salud, con 3.353 y 2.428 sumarios, respectivamente.
Los datos actualizados por los servicios también dieron cuenta de incrementos respecto del primer balance realizado en mayo: las instituciones identificaron 824 funcionarios adicionales involucrados y un alza de 1.334 personas con sumarios iniciados o por iniciar. Asimismo, 1.468 funcionarios involucrados ya no se encuentran en labores en el servicio público correspondiente, frente a los 1.102 del mes anterior.
“Hay que recordar que el hecho de que un funcionario renuncie no es motivo para que no se realice el sumario correspondiente, porque hay sanciones económicas, procede la devolución de los fondos y eventualmente situaciones penales de fraude al fisco que tienen que seguir su curso procesal”, recalcó el ministro Marcel.
Recursos involucrados
Justamente respecto de este último punto, la directora de Presupuestos explicó que la duración promedio de las licencias involucradas es de 18,9 días, y que, considerando las remuneraciones promedio reportadas, se estimó preliminarmente que los funcionarios a los que se impartirá sumario recibieron
$10.938 millones en remuneraciones pagadas durante estos períodos de ausencia.
Además, destacó que, producto de las gestiones realizadas por el Ministerio de Educación y en línea con las recomendaciones emanadas del Comité Nacional de Ausentismo -que se constituyó en marzo y que conforman los ministerios de Hacienda, Trabajo, ministerios sectoriales y la Mesa del Sector Público-, nueve instituciones de educación superior estatales voluntariamente están entregando información respecto de estos procesos disciplinarios, que involucran a 11 funcionarios.
El ministro sostuvo que “los funcionarios a los que se impartirá el sumario recibieron aproximadamente
$11 mil millones en remuneraciones durante los periodos de licencia. Ahora, esto es una cuota inferior porque se refiere solo a las remuneraciones de aquellos funcionarios que haciendo uso de licencias viajaron al exterior”. Y recordó que “el tema del abuso de las licencias o los excesos de licencias van mucho más allá de este tipo de situaciones. Si tomamos la Administración Central respecto a la situación previa a la pandemia, hay en promedio diez días más de licencia al año, lo que equivale a 32.000 jornadas completas de funcionarios, lo cual en términos de remuneraciones significan alrededor de US$ 350 millones. Esto sólo respecto del sector público”.
Medidas adicionales y próximos pasos
La directora de Presupuestos explicó que “como hemos dicho en otras ocasiones, el tema del ausentismo en el sector público lo hemos ido trabajando desde distintos aspectos. Por ejemplo, para la formulación de la Ley de Presupuesto de 2025 se puso una cota a los servicios que registraban altos niveles de ausentismo a la hora de pedir, por ejemplo, más dotación. Así también ya están funcionando los distintos Comités Locales de Ausentismo para aproximarse a este fenómeno multicausal de diferentes maneras. Y en particular durante los últimos días mediante la circular Nº 17, el 26 de junio se enviaron los lineamientos para el abordaje integral del ausentismo en todos los servicios públicos”.
Esto último se materializó mediante el documento “Gestión del Ausentismo Laboral: Enfoque Normativo y Práctico” elaborado por el Servicio Civil, que se distribuyó el jueves a todas las instituciones de la administración central. El informe recuerda a los servicios públicos las herramientas con las que cuentan para el control y gestión del ausentismo, enfocadas en el diagnóstico, prevención, gestión de licencias médicas y evaluación y monitoreo de esta problemática, incorporando las particularidades de las funciones de cada servicio a través de su implementación mediante los Comités Locales.
Cabe recordar que los sumarios administrativos disponen de una serie de etapas que no se pueden omitir: primero una investigación de los hechos de una duración de 20 días hábiles prorrogables a 60. Luego corresponde la presentación de descargos en 5 días hábiles, prorrogables en otros 5. Posteriormente la rendición de prueba puede tomar hasta 20 días hábiles y finalmente se destinan 5 días hábiles a la impugnación. También se pueden fijar otros plazos para la realización de diligencias.
Adicional a esto, el 2 de junio la Contraloría impartió instrucciones especiales respecto de la validez de antecedentes durante la etapa investigativa, que establecían que, para acreditar los hechos identificados en la fiscalización, era necesario que los distintos servicios solicitarán directamente por oficio la certificación oficial de la Policía de Investigaciones (PDI) en relación con la fecha de entrada y salida del país correspondiente. Hasta ayer, según la información provista por la PDI, había recibido desde los servicios de la administración central cerca de 1.500 solicitudes, de las cuales había respondido un 58%.
La directora de Presupuestos recordó que “de acuerdo a lo definido con el Comité Nacional de Ausentismo, nosotros mensualmente vamos a empezar a recibir la información de los servicios. Para el próximo reporte, en la información que nos va a llegar en 30 días más esperamos contar con la fase de los procesos en curso en cualquiera de sus etapas, los procesos que cuentan con resolución del jefe de servicio, los funcionarios que hayan impugnado la resolución, procesos enviados a Contraloría para la toma de razón, funcionarios con procesos cerrados separando entre multa, censura, suspensión y absolución o sobreseimiento”.
