Por Gonzalo Morales Naranjo
Era octubre de 2019, durante varios días diversos grupos de estudiantes comenzaron a evadir el pago del pasaje del Metro de Santiago, en protesta del alza de $ 30 en el valor del pasaje decretado el día 9 de octubre, lo que comenzó a crear problemas en el tráfico en la red pública de transportes de la capital. Al pasar los días la situación empezó a agudizarse ya que las líneas del Metro comenzaron a cerrar sus estaciones debido a los disturbios provocados por los manifestantes. El momento crítico se produjo el viernes 18 en dónde se cerraron casi todas las estaciones y la gente no tenía como llegar a su destino, durante la tarde las informaciones de los medios de comunicación y redes sociales empezaban a indicar que en distintos puntos de la capital se estaba congregando gente apoyando la insurrección de los estudiantes (en muchas partes con fogatas) lo que derivó en escaramuzas entre manifestantes y la fuerza policial. Entrada la noche la situación estaba totalmente fuera de control ya que varias estaciones del Metro estaban siendo atacadas e incluso quemadas, el edificio corporativo de la empresa Enel había sido incendiado y también hubo saqueos a locales comerciales.
El país había pasado a una fase que marcaría un punto definitivo de inflexión, el día 8 de octubre el presidente Sebastián Piñera había sostenido en un canal de televisión (a raíz de algunos problemas sociales que ocurrían en el continente) que “en medio de esta América Latina convulsionada, Chile es un verdadero oasis con una democracia estable” toda esa retórica, que también había sido sostenida por los gobiernos de la ex Concertación durante 30 años, comenzaba a desmoronarse.
Pese al Estado de Emergencia decretado el 19 de octubre por el presidente, la protesta social no paraba y se empezó a extender a regiones donde se comenzaban a repetir los hechos acaecidos en Santiago durante los días que seguían. La marchas comenzaban temprano y se hacían más masivas en donde la diversidad de actores sociales (estudiantes, trabajadores del sector público y privado, profesores, representantes de ONG, etc.) se juntaban pacíficamente en las principales avenidas del país. El descontento hacia el sistema económico, social y político comenzaba a evidenciarse en las calles ya que lo que comenzó como un movimiento estudiantil por el alza en los pasajes fue la excusa para que comenzara esta rebelión de una ciudadanía cansada de las inequidades en todo el espectro social y que fue detonada por los desaciertos y la testarudez del gobierno de turno por la poca atención a lo que la gran mayoría de la sociedad chilena venía acumulando desde décadas y en que el descontento se estaba agudizando por los casos de corrupción de las F.F.A.A., las colusiones de las grandes cadenas de comercio, la pésima educación en establecimientos públicos, los evidentes casos de corrupción transversal de la política, las pensiones de miseria para los jubilados civiles, el pésimo sistema de salud público, los casos del SENAME, los bajos sueldos de muchos trabajadores y la inoperancia del Congreso ante las demandas sociales, etc.
El cambio de la Constitución Política de 1980 (impuesta en un dictadura cívico militar y que fue aprobada en un plebiscito sin registro electoral) era un tema en la política pero no de importancia relevante para ellos, salvo algunas excepciones en que se hicieron algunas modificaciones casi cosméticas. Sin embargo, el tema de la disconformidad de la Constitución de 1980 era el más recurrente en los rayados de las murallas y en las pancartas de las marchas y ciertamente estaba instalado en la discusión de gran parte de la ciudadanía hace bastante tiempo.
Las protestas eran ininterrumpidas con marchas pacíficas colmadas de gente y en que la brutal represión policial provocaba escaramuzas aisladas en donde decenas de civiles quedaron heridos gravemente con escopetazos y en donde muchísimos fueron mutilados de uno o ambos ojos, golpizas a manifestantes en la calle o en los cuarteles. Por estos actos distintos informes internacionales concluyeron que en Chile había evidentes hechos de violación de Derechos Humanos. Varios murieron sobretodo durante los sucesos de violencia nocturna producto de los saqueos e incendios o a manos de agentes del Estado. Después de varios días el país entero entró en una confusión ya que la gran mayoría apoyaba las marchas pero se mantenía cautelosa ante los inevitables hechos de violencia que siempre en la historia de rebeliones populares se han producido.
La clase política en pleno estaba obnubilada y no podía asimilar que gran parte del país se había alzado. El Gobierno con un presidente tozudo y que el día 20 de octubre había indicado que el país estaba «en guerra contra un enemigo poderoso e implacable» debido insurrección ciudadana, no cedía y sólo prometía proyectos con reformas sociales mínimas que no satisfacían el clamor de la ciudadanía y que probablemente (dado la intensificación de la protesta) encendieron más los ánimos. El país estaba prácticamente paralizado ya que a medida que pasaban los días se sumaban organizaciones sociales y más ciudadanos exigiendo cambios radicales. La situación de Chile desde el primer día de revuelta era noticia mundial y los medios locales, sobretodo la televisión. Los canales tuvieron que cambiar drásticamente su programación e invitar a políticos, sociólogos e incorporar la opinión de gente que nunca había tenido un espacio en un medio masivo, probablemente como una forma de tratar de explicar y/o apaciguar la conmoción pública que vivía el país.
El 25 de octubre se produjo probablemente la marcha más multitudinaria que se ha dado en Chile, en donde según cálculos de varios medios habían asistido cerca de 1.200.000 personas al sector de Plaza Baquedano de Santiago y en regiones en lugares emblemáticos de las ciudades sumaron cerca de los 2.000.000 de manifestantes en total. Esta se realizó pacíficamente con algunas inevitables escaramuzas entre la fuerza policial, el hecho evidenciaba el descontento hacia la clase política, la exigencia del cambio de la Constitución, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y en especial al presidente en dónde se exigía renuncia por su inoperancia y los hechos de violación de Derechos Humanos provocados por agentes del Estado. Posterior a esta gigantesca manifestación pacífica, la situación seguía igual e incluso se incrementaron algunos hechos de violencia sobre todo durante la noche.
Con el ambiente que vivía el país y en donde una parte importante de la economía estaba paralizada, prácticamente todos los poderes del Estado se encontraban en una situación insostenible y el descredito por parte de la ciudadanía acumulado desde años se acentuaba a medida que pasaban los días. Fue en este contexto en que casi la mayoría de los partidos políticos (oficialistas y de oposición) se reunieron a contar del 13 de noviembre para encontrar alguna solución para frenar la revuelta. En la madrugada del 15 de noviembre dieron a conocer el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, en donde el punto principal fue la convocatoria a un plebiscito para el 25 de abril de 2020 en se que consultaría sobre si aprueba o rechaza una nueva Constitución y si la redactan una Convención Mixta (compuesta por 2 bloques iguales de parlamentarios y el otro de ciudadanos elegidos por elección popular) o la Convención Constituyente (ciudadanos elegidos con voto popular).
A pesar de este acuerdo la situación no tuvo la descompresión que probablemente esperaba la clase política, las movilizaciones siguieron pero ya pasadas las semanas la ambiente comenzó a calmarse. Sin embargo, las marchas seguían pero no con la intensidad de antes, el foco de manifestaciones seguía concentrándose en Plaza Baquedano (que ahora se conoce como Plaza Dignidad) especialmente los días viernes pero cada vez con menos gente probablemente por razones de cansancio o desgaste, la llegada de las fiestas de fin de año, las vacaciones de verano y las restricciones de movilización impuestas por el Estado de Emergencia a raíz pandemia que empezó en marzo pero que volvió el domingo 18 octubre pasado con una gran convocatoria y las inevitables escaramuzas en algunos sectores la fuerza policial.
Debido a la suspensión de la consulta por la emergencia sanitaria y en un clima de evidente polarización, desaprobación ciudadana de la clase política, del poder ejecutivo y judicial, de las F.F.A.A. (sobre todo Carabineros),radicalizaciones ideológicas, ataques físicos a personas y descalificaciones personales a través de las redes sociales o en la calle; finalmente estamos a 2 días del plebiscito en donde elegiremos si seguimos con la actual Constitución y continuar con sus leyes de amarre en dónde el mercado es más importante que el bienestar social o elegimos una nueva Carta Magna, en que participen en su redacción toda la ciudadanía sin exclusiones. Es imprescindible la participación de todos los votantes ya que este es plebiscito es el más trascendente e importante de la historia reciente de este país.
