La multa más alta en materia de agua potable fijó la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) contra ESSAL, por los cortes que afectaron a la ciudad Osorno de la Región de Los Lagos entre el 11 y el 21 de julio del año pasado, debido a la contaminación con petróleo diésel de la planta de agua potable Caipulli, tras un derrame.
De acuerdo con la información oficial, el monto de la multa asciende a 2.720 UTA, equivalente a $1.640.878.080 en moneda de agosto de 2020, habiéndose aplicado el máximo que permite la ley según el tipo de infracción en seis de los nueve cargos formulados a la empresa.
Los nueve cargos por los cuales se sanciona a ESSAL son los siguientes:
a.- por haber incurrido en deficiencias en la calidad del servicio de producción y distribución de agua potable.
b.- por haber incurrido en deficiencias en la continuidad del servicio de distribución de agua potable, debido a un corte no programado entre los días 11 y 17 de julio de 2019.
c.- por haber incurrido en deficiencias en la continuidad del servicio de distribución de agua potable, debido a un corte no programado entre los días 17 y 21 de julio de 2019.
d.- por haber afectado a la generalidad de la población con la falta de operación de la Planta de Agua Potable Caipulli.
e.- por haber puesto en peligro la salud de la población debido a la contaminación de la distribución de agua con petróleo.
f.- por haber infringido las instrucciones contenidas en el Ord. SISS N° 3459/08 (procedimiento de emergencia).
g.- por haber infringido las instrucciones contenidas en el Ord. SISS N° 3459/08 (suministro alternativo).
h.- por haber infringido las instrucciones contenidas en el Ord. SISS N° 4561/18, (plazo de solución a obras comprometidas).
i.- por haber entregado información manifiestamente errónea a las autoridades y a la población.
Tras esta sanción, la concesionaria ESSAL podría persistir en nuevas instancias, como la interposición de un recurso administrativo de reposición ante la misma SISS y, posteriormente, la reclamación ante los tribunales de justicia.
Cabe señalar que, en forma paralela y distinta, sigue su curso ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios la tramitación de un procedimiento especial destinado a determinar la eventual caducidad de las concesiones de agua potable de Osorno, cuyo análisis sigue en desarrollo debido a la cantidad de información técnica, económica y jurídica entregada por la empresa, a la que se han sumado nuevos antecedentes, diligencias y presentaciones para la mejor resolución, entre ellos, un proceso de venta de la sanitaria que podría concluir con la llegada de un nuevo dueño para estas concesiones, todo lo cual debe ser ponderado por el fiscal instructor a cargo del proceso.
