Un grupo de socios de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos (CAEP) presentó un recurso ante el Tribunal Electoral Regional para anular la reciente elección de directores del organismo, a raíz de las irregularidades ocurridas durante el proceso, perpetradas por la directiva encabezada por Sergio Gordon Cañas.
La reclamación fue presentada ante el tribunal por el abogado Rodrigo Morales, en conjunto con socios de la Caja que buscaban presentarse como candidatos en el proceso electoral y que fueron excluidos a través de maniobras destinadas a impedir la competencia de personas disidentes de la actual gestión. Entre las denuncias formuladas, está la ausencia de un padrón electoral antes del inicio de las elecciones, el incumplimiento de las normas que regulan el proceso electoral interno, la utilización de recursos de la Caja (personal e infraestructura) para la recopilación de votos, y la ausencia de un sistema imparcial de resolución de reclamaciones en el marco de las elecciones.
“Este proceso se encuentra íntegramente viciado, porque desde antes de su inicio ya se había incumplido la ley electoral y las normas internas de la Caja. El aviso de llamado a elección se publicó de forma incompleta en los diarios, se privó a los disidentes del plazo establecido en los reglamentos para solicitar los patrocinios necesarios para inscribir candidaturas y funcionarios de la Caja estuvieron recopilando poderes en favor de laos candidatos oficialistas, cuestión que está al margen de nuestro ordenamiento legal”, indicó Morales.
Suma de irregularidades
La reclamación de las irregularidades se suman a un conjunto de acciones en materia penal iniciadas en contra del presidente de la Caja de Ahorros de Empleados Públicos, Sergio Gordon Cañas, referidas a la modificación de actas del directorio ya firmadas, cambiando arbitrariamente los hechos contenidos en las mismas y utilizándolas como prueba en juicios; y por pagarse una indemnización por $ 3.500 millones en 2014, sin que existieran los respaldos para justificar más de 660 días hábiles de vacaciones pendientes y 10 años de antigüedad adicionales sin que existieran registros. Ambos ítem representan la mitad del total de recursos percibidos por la autoindemnización. Esta causa se lleva ante el 7° Juzgado de Garantía por parte de la Fiscalía Centro Norte y la formalización de Gordon está prevista para el 13 de julio próximo.
Gordon Cañas se retiró de la Caja en enero de 2014, cobrando la millonaria indemnización, recontratándose cuatro meses después con una renta mensual superior a $ 35 millones mensuales, ocupando el cargo de presidente del directorio y de administrador general.
Asimismo, durante los últimos dos años de gestión, la Caja ha tenido pérdidas por casi 10 mil millones, producto de las deficiencias en la gestión y la disminución progresiva del patrimonio de la institución.
La Contraloría General de la República, el Ministerio de Justicia, el Consejo de Defensa del Estado y la Corte Suprema han exigido a Gordon y los directivos actuales de la CAEP modificar estatutos, establecer auditorías externas, disminuir los millonarios pagos de remuneraciones y terminar con empresas relacionadas que son utilizadas sólo para abultar el pago de remuneraciones de directores de la Caja en ejercicio.
Un fallo del máximo tribunal dictado por el máximo tribunal del país en abril de 2017 obligó a la Caja a cumplir las obligaciones antes mencionadas. Sin embargo, ante el incumplimiento de la sentencia, el Ministerio de Justicia solicitó al Consejo de Defensa del Estado tramitar la disolución de la Caja como corporación de derecho privado, proceso que se encuentra en curso.
Qué es la Caja
La Caja de Ahorro de Empleados Públicos (CAEP) data de 1858 y tiene entre sus afiliados a funcionarios públicos con remuneraciones promedios de $ 600 mil, a quienes les otorga préstamos para diferentes usos y respecto de los cuales administra ahorros por cerca de $ 27 mil millones. El patrimonio contable de la Caja Supera los $ 114 mil millones de pesos, y entre sus activos se encuentra un terreno de 10 hectáreas ubicadas en Avenida Las Condes, en el sector de San Damián, cuyo avalúo fiscal es de 25 mil millones, pero cuyo avalúo comercial supera los $ 125 mil millones.
