La rabia es un sentimiento colectivo que hoy recorre Chile de punta a cabo. No es una molestia pasajera ni una pataleta en redes sociales: es el reflejo de una injusticia que ya no se puede esconder. Mientras miles de chilenos esperan durante meses —incluso años— por una cirugía, otros parecen vivir en un país paralelo donde basta un apellido o un cargo público para que las puertas del sistema de salud se abran de inmediato.
El caso que ha encendido la indignación es el de la madre de la ministra de Salud, quien fue operada de ambas caderas en apenas tres horas en el Hospital El Salvador, un recinto público. Tres horas. Ese es el tiempo que muchos pacientes pasan solo esperando ser atendidos en una urgencia, sin siquiera tener la certeza de que algún día serán operados.
Mientras tanto, adultos mayores, trabajadores, dueñas de casa y personas de escasos recursos sobreviven con dolor crónico, postrados o medicados a la espera de una cirugía traumatológica que nunca llega. Las listas de espera se han convertido en una condena silenciosa, donde la vida se deteriora lentamente entre trámites, papeleos y promesas incumplidas.
Lo que más indigna no es solo la rapidez del procedimiento, sino lo que representa: un sistema que no es igual para todos. Un país donde los ciudadanos comunes deben mendigar atención, pero donde los familiares de autoridades parecen contar con una alfombra roja hacia los pabellones quirúrgicos.
¿Alguien puede creer seriamente que esa operación se habría realizado con la misma velocidad si la paciente hubiese sido una profesora, una feriante o una pensionada sin vínculos políticos? La respuesta es evidente, y es justamente esa certeza la que alimenta la furia social.
La salud pública se financia con el dinero de todos los chilenos. No es un club privado ni un privilegio hereditario. Cuando una autoridad o su familia recibe trato preferente, se rompe el principio básico de igualdad ante el Estado y se daña la ya frágil confianza ciudadana.
Este tipo de situaciones no son simples “malentendidos administrativos”. Son símbolos de un abuso que la gente reconoce de inmediato, porque lo vive en carne propia cada vez que pide una hora médica, cada vez que se posterga una operación, cada vez que escucha que “no hay cupos”.
Chile no está enojado por envidia. Está indignado por justicia. Porque la enfermedad no distingue cargos ni apellidos, y la atención médica tampoco debería hacerlo.
Mientras no se termine con estos privilegios encubiertos, la herida seguirá abierta. Y no hay cirugía que pueda sanar una desigualdad tan profunda.
Por Equipo Onda Expansiva
