Por Dante Reyes Marín
Los deleznables de hechos de violencia acaecidos en el estado del club atlético Independiente requieren necesariamente de algunas reflexiones para no caer en afirmaciones fruto del desconocimiento o, peor aún, de la xenofobia.
En primer lugar, imperioso es recordar que la República Argentina es un país con un sistema de gobierno federal, lo que significa que su territorio está dividido en provincias (23 más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-CABA), y cada una de ellas con un mandatario, llamado gobernador en las provincias y jefe de gobierno en la capital del país.
También es necesario tener presente que en la República Argentina existen 28 cuerpos policiales, y que sólo cuatro de ellos tienen carácter federal, es decir, que están bajo el mando del presidente de la Nación y con competencia en todo el país en determinados casos. Estos cuerpos son la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y la Gendarmería.
El repudiable hecho de la golpiza a los hinchas de la Universidad de Chile, que para los medios argentinos tuvo como fulminante la agresión inicial de los barristas azules, ocurrió en el estadio del club Independiente, ubicado en la ciudad de Avellaneda, en la Provincia de Buenos Aires, la que es gobernada por el peronista Axel Kicillof, y donde el cuerpo de seguridad por excelencia es la Policía Bonaerense, bajo el exclusivo mando del gobernador.
Además, existe una justicia federal argentina, que actúa en todo el país, pero para determinados delitos de mayor envergadura. Los casos como el acaecido están bajo la competencia de la justicia de la provincia de Buenos Aires, y cada provincia tiene la suya, así como también la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por sobre todas ellas, sin embargo, está la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero a dicho tribunal no se llega de inmediato sino después de un recorrido de muchos años.
Y por último, también es útil señalar que la República Argentina posee 25 constituciones, una por cada provincia (23), una de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por sobre todas ellas, la Constitución Nacional. Y cada provincia puede darse sus propias leyes siempre y cuando no alteren las normativas de carácter federal.
Las policiales fuerzas federales arriba mencionadas (Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y la Gendarmería), bajo el mando de las autoridades nacionales (Casa Rosada, ministra de seguridad Patricia Bullrich), no tuvieron injerencia en la seguridad de este partido pues cada provincia es soberana en cuanto a su seguridad interior, salvo casos extremos que deben ser autorizados por el gobernador del territorio donde se quiera intervenir. Hasta entonces, la tarea de las fuerzas federales siempre es subsidiaria de las fuerzas provinciales, de cooperación.
Hasta aquí algunas precisiones importantes pues es evidente que, para un habitante de un país unitario, como lo es Chile, esta diversificación de autoridades, instituciones y funciones resulta sumamente compleja y cuesta entender, por ejemplo, que la Justicia Nacional en Argentina, sólo tenga competencia en la Ciudad de Buenos Aires y no en el resto del país.
Pasando entonces al ámbito de las sospechas y a posibles explicaciones de lo ocurrido, una de ellas, la que sostiene el gobierno de Javier Milei, apunta a la sublime inoperancia de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires.
Necesario es recordar que el partido hegemónico por excelencia en Argentina es el peronista, al que pertenece el gobernador Axel Kicillof, colectividad política que se encuentra acorralada en las urnas por el movimiento de Milei, La Libertad Avanza, que con promesas de cambio y eliminación de la casta política, logró la presidencia de la nación hasta el año 2027, luego de lo cual ha ido desarmando el histórico y potente aparato social público argentino, universidades, salud, jubilaciones, discapacitados, etc.
En el marco de este enfrentamiento político, el próximo 7 de septiembre habrá elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires pues cada provincia, más la CABA, tienen su propio poder legislativo, todos los cuales coexisten con el Poder Legislativo Nacional.
Y poco después, el 26 de octubre, habrá elecciones del cuerpo legislativo nacional (diputados y senadores), resultado que será crucial para el futuro de la gestión de Javier Milei, pues de lograr un respaldo favorable, podrá profundizar sus nefastas medidas de desguace del estado y su rol benefactor. Si en cambio, las pierde, el Congreso Nacional se convertirá en un férreo valladar para sus planes y probablemente hasta se trunque su mandato en un mediano plazo.
Y en el marco de esta pugna, el gobierno nacional (Casa Rosada) insiste en la inoperancia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, afirma que ese territorio es tierra de nadie donde reina la delincuencia y que se requiere un cambio profundo, que necesariamente pasaría por desterrar al peronismo del poder.
El peronismo, cabe precisar y como históricamente ha ocurrido, se encuentra dividido en tendencias que han enfrentado serias dificultades para lograr llegar de manera unida a las elecciones venideras.
Máximo Kirchner, hijo del fallecido expresidente (Néstor), Sergio Massa, ex candidato presidencial y el gobernador Kicillof, se enfrentan abiertamente en esta interna peronista mientras desde su prisión domiciliaria mueve los hilos de su influencia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En las elecciones legislativas bonaerenses del próximo 7 de septiembre uno de los principales candidatos de la Casa Rosada, es decir, del presidente Milei, es el excomisario de la Policía Bonaerense, Maximiliano Bondarenko, exjefe del distrito La Matanza, uno de los más grandes de la Provincia, quien promete terminar con las inseguridad y la inoperancia que representa el peronismo en el gobierno provincial.
Hace pocas semanas, el gobierno bonaerense dio de baja a 24 altos oficiales de la policía de la provincia que participaron de un asado con Bondarenko, y con el argumento que, desde sus puestos de jerarquía dentro de la institución, conspiraban para favorecer a su excompañero de armas.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, salió entonces a criticar la decisión del gobernador bonaerense. «Además de ser un inútil, es una persona que odia a la Policía y que está del lado de los delincuentes. Esa es mi lectura del hecho. Echar a 24 policías porque comparten amistad con un candidato… Ellos no son capaces de poner a un policía como candidato».
Desde la ocurrencia de los deleznables hechos de violencia en el estadio de Independiente las acusaciones han sido cruzadas. Todos se arrojan la pelota de la responsabilidad. Que la Conmebol, que el Club Independiente, que los hinchas chilenos, que la Policía Bonaerense, etc.
El ministro de Seguridad Bonaerense, Javier Alonso, responsabilizó a la Conmebol. “Los protocolos de la competencia de la Copa Libertadores exigen a los clubes la presentación de un plan operativo; ninguno de esos protocolos se cumplió. Los hinchas llegaron en el horario establecido, se coordinó el traslado con la Policía de la Ciudad, ingresaron a la cancha y no hubo disturbios afuera. Lo que ocurrió fue ya adentro, y allí la responsabilidad era de la seguridad privada”.
Sin embargo, resulta inadmisible que una autoridad pretenda eludir su responsabilidad culpando a una entidad deportiva, por muy poderosa que sea. El estado, nacional o provincial en este caso, no puede bajo ningún pretexto renunciar a sus obligaciones indelegables arguyendo que la organización y la seguridad se encuentran a cargo de terceros, incluyendo a seguridad privada.
Lo concreto es que la noche de los repudiables hechos de violencia el estadio carecía totalmente de presencia policial o de guardias en su interior que pudiesen evitar lo ocurrido. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el emblemático “Caso Mosca”, ocurrido hace algunos años, se pronunció de manera contundente sobre los daños que se generan en espectáculos futbolísticos.
Tampoco se requiere ser un experto en seguridad deportiva para anticipar que un encuentro deportivo de la naturaleza del referido, en el que dos barras de fútbol estarán alentando a sus equipos a metros una de otra, debe obligar a las autoridades adoptar especiales medidas de seguridad acordes al carácter del evento.
No se trataba de un jamboree de scouts o de un juvenil y ruidoso Lollapalooza.
Para concluir esta reflexión, cabe señalar que una primera hipótesis apunta a que hubo un abandono policial deliberado de la zona de manera de permitir lo que se presumía que podía ocurrir y que finalmente ocurrió.
Una segunda hipótesis, tampoco improbable, es que como señalaron en off desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, a sus pares de la Provincia de Buenos Aires, “no se les cae una idea”, por lo que la precariedad profesional y la desidia habrían sido el fundamento de lo que ocurrió, descartando de forma tajante conspiraciones políticas.
Y una tercera hipótesis, precisamente, radica en que la ausencia policial se vincularía con la candidatura del excomisario Bondarenko y el empeño de la Casa Rosada por desacreditar al peronismo para que ello redunde en los resultados electorales de los próximos dos meses.
A la luz de todo lo expuesto cabe preguntarse si, tal como existen las fake news (noticias falsas) y el Lawfare (manipulación política judicial), no estaremos frente aun nuevo tipo de herramienta política, el futbolfare.
