Gabriela Flores Salgado, Presidenta de la CONFUSAM
La reciente bala que atravesó la pierna de un funcionario de salud en Ercilla no fue solo un acto de violencia aislado. Es el símbolo de un sistema al borde del colapso, abandonado por quienes tienen el deber de protegerlo. La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (CONFUSAM) acaba de enviar un ultimátum al Estado chileno: o se actúa con urgencia para salvar la atención primaria, o el país enfrentará una crisis sanitaria sin precedentes.
No es una exageración. Detrás de las frías cifras y los tecnicismos presupuestarios que la CONFUSAM denuncia, hay historias concretas: trabajadores que no reciben su sueldo a tiempo, centros de salud sin insumos, profesionales amenazados mientras vacunan a niños o atienden partos de urgencia, y trabajadores mayores esperando pensiones de retiro impagas desde 2022. Esta no es solo una lucha sindical; es una batalla por la dignidad de un servicio público que sostiene a millones de chilenos, especialmente a los más vulnerables.
Lo anterior, se resume en una palabra: abandono. La CONFUSAM lleva años señalando que el financiamiento per cápita —esos $11.794 por beneficiario que deberían garantizar atención digna— es insuficiente y se distribuye con opacidad. Mientras comunas pobres ven sus centros de salud ahogarse en deudas, el Ministerio de Hacienda mantiene engavetada una reforma a la Ley de Trato Usuario, consensuada incluso con el propio Ministerio de Salud. ¿Qué clase de prioridad es esta?
Pero hay algo más grave: la vida de los trabajadores de la salud vale menos que otros intereses. El Estado moviliza carabineros y recursos para custodiar «narco-funerales», pero no protege a una enfermera que camina sola de noche al salir de una posta rural de La Araucanía. ¿Dónde está el Ministerio del Interior cuando un equipo de vacunación es secuestrado o cuando un médico es asaltado con un arma de fuego?
Por su parte,El gobierno insiste en hablar de mesas técnicas y plazos burocráticos, pero la CONFUSAM ya no cree en promesas ¿Cómo confiar en un Ejecutivo que ni siquiera cumple pagos atrasados desde 2022 a trabajadores que dedicaron décadas al sistema? ¿O en un Parlamento que no fiscaliza las irregularidades en las transferencias de fondos a municipios? La salud primaria se ha convertido en un campo minado donde la ineptitud administrativa se disfraza de «procedimientos», mientras miles de funcionarios pagan las consecuencias.
Ante este panorama, la amenaza de un Paro Nacional no es un capricho. Es el último recurso de un sector exhausto, cuyas demandas —desde salarios hasta seguridad— han sido ignoradas incluso después de una pandemia que debería haber enseñado al país la importancia de la salud pública. Si el gobierno no restaura el financiamiento, acelera la Ley de Trato Usuario y protege a sus trabajadores, no solo se paralizarán consultorios: se profundizará la desigualdad en el acceso a la salud, se perderán vías de prevención y Chile retrocederá décadas en cohesión social.
Chile no puede permitirse perder a quienes sostienen la primera línea de su bienestar. Urge que el Parlamento exija rendición de cuentas, que el Ministerio de Hacienda deje de bloquear reformas y que el presidente Boric priorice la salud primaria antes de que sea demasiado tarde. Como sociedad, debemos preguntarnos: si abandonamos a quienes nos cuidan, ¿qué nos queda?
