Gracias a la coordinación anticipada de las autoridades, se ha logrado una disminución del 100% en las afectaciones a la comunidad.
A dos meses de la entrada en vigencia de la Ley que regula los funerales de riesgo, las autoridades regionales y policiales realizaron un balance del impacto de su implementación en la Región Metropolitana.
El encuentro fue encabezado por el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, junto a la jefa de Zona Metropolitana de Carabineros, general inspector Karina Soza; el fiscal de Flagrancia de la Fiscalía Occidente, Patricio Rosas; el prefecto inspector de la PDI, Mauricio Jorquera, jefe nacional contra el crimen organizado; el seremi de Seguridad Pública, Alejandro Jiménez.
Desde la entrada en vigencia de la normativa, el pasado 28 de mayo de 2025, se han activado 75 alertas por fallecimientos que podrían derivar en funerales de riesgo, de las cuales 25 han sido confirmadas. Es decir, uno de cada tres casos ha requerido la aplicación de medidas especiales de control y seguridad.
De estos 25 funerales catalogados como de riesgo, el 96% estuvo asociado al uso de armas de fuego, mientras que solo uno involucró un arma blanca. Todos los fallecidos fueron de nacionalidad chilena y tenían una edad promedio de 31 años.
Uno de los casos más representativos fue el de Gonzalo Antonio Echaniz Cortés, alias «Chuck Norris», quien falleció el 20 de julio tras recibir disparos desde un vehículo en Lo Espejo. Echaniz tenía antecedentes por homicidio y tráfico de drogas, así como vínculos familiares y delictuales que fundamentaron su calificación como funeral de riesgo. Sus restos fueron trasladados hasta la ciudad de La Serena, sin que se registraran incidentes en el trayecto ni durante el entierro.
Las autoridades destacaron que la aplicación de esta ley ha fortalecido significativamente la seguridad en los barrios, evitando balaceras, cierres ilegales de calles y alteraciones al orden público. Además, se ha garantizado el funcionamiento normal de establecimientos educacionales y de salud, junto con una gestión más eficiente de los recursos policiales.
La general inspector, Karina Soza, subrayó que “la anticipación, coordinación y el trabajo conjunto han sido claves para neutralizar los riesgos que este tipo de funerales podría generar en la convivencia y tranquilidad de la comunidad”.
Por su parte, el delegado presidencial Gonzalo Durán destacó que, gracias a la planificación, incluso ha sido posible disminuir la cantidad de carabineros desplegados en estos eventos, lo que ha permitido que los funcionarios puedan prestar apoyo en otras labores donde se les requiere con mayor urgencia.
