El parlamentario gremialista respaldó una indicación para que se estableciera un castigo penal en contra de los autores y no una simple multa económica, considerando que dicho elemento suele ser usado para fabricar bombas molotov o cometer atentados incendiarios.
Como un “importante avance” en materia de seguridad pública calificó el diputado de la Bancada UDI, Juan Antonio Coloma, la aprobación definitiva del proyecto de ley que sancionará a todas las personas que porten -de forma injustificada- algún tipo de combustible en el contexto de una manifestación pública, evitando así que puedan utilizar dicho elemento para la fabricación de bombas molotov, barricadas o, incluso, para cometer atentados incendiarios contra las autoridades.
Al respecto, el parlamentario gremialista explicó que la nueva ley, que entrará en vigencia una vez que se promulgue, apunta a enfrentar a todos los violentistas que se escudan detrás de una reunión pacífica para delinquir, sancionándolos con una pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) cuando no puedan justificar el porte de combustible durante una manifestación pública.
Justamente, fue una indicación presentada por la Bancada UDI -que establecía una sanción penal contra los autores en vez de una multa- la que terminó aprobándose de manera definitiva en la Sala, contando con el respaldo no sólo de la oposición, sino que también por sectores de centro izquierda.
“Pese a que el Gobierno sólo quería establecer una sanción económica a quienes estuvieran portando combustible durante una marcha sin justificar su procedencia ni uso, logramos modificar el proyecto y que se incluyera un castigo penal contra todos los autores, porque resulta bastante evidente que cualquier persona que esté participando en una manifestación y tenga en su poder algún elemento de este tipo, lo va a utilizar para fabricar bombas molotov, hacer barricadas, realizar atentados incendiarios contra los inmuebles o, incluso, contra las policías”, manifestó Coloma.
Por lo mismo, el parlamentario gremialista llamó al Gobierno, pero en específico a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a no presentar ninguna objeción en contra de la iniciativa, luego que trascendiera que se estaría evaluando vetar el proyecto o, incluso, acudir al Tribunal Constitucional.
“Sería absolutamente inoportuno y hasta irresponsable que el Ejecutivo, por segunda vez, se opusiera a una ley cuyo único objetivo es enfrentar la grave crisis de seguridad que vivimos en nuestro país. Ya lo hicieron con la Ley de Usurpaciones, poniéndose del lado de los delincuentes que se dedican a la toma de terrenos y propiedades, por lo que sería inexplicable que esta vez también se situaran del lado de los encapuchados y violentistas, en vez de proteger a todos los ciudadanos”, reiteró el diputado Juan Antonio Coloma, quien finalmente valoró el respaldo que tuvo la indicación, argumentando que “terminó primando el sentido común, porque nadie podría justificar que una persona asistiera a una marcha portando un bidón de combustible, salvo que fuera para delinquir”.
