Los diputados solicitaron suspender a médicos involucrados , citar a declarar a autoridades y acceder a los registros de Fonasa e isapres para esclarecer responsabilidades, pero además que se investiguen a los funcionarios con mayor número de licencias.
Los diputados de Renovación Nacional Diego Schalper, Eduardo Durán, Andrés Celis y Andrés Longton acudieron esta mañana a la Fiscalía Nacional para presentar una denuncia formal ante su máxima autoridad, solicitando que se investigue penalmente a funcionarios públicos y médicos presuntamente involucrados en un eventual fraude masivo vinculado al uso irregular de licencias médicas. La acción se basa en los antecedentes entregados por un reciente informe de la Contraloría General de la República, que da cuenta de miles de casos que podrían configurar delitos contra el patrimonio fiscal.
Según el Informe Consolidado de Información Circularizada N°9 de 2025, emanado por la entidad, más de 25 mil funcionarios públicos habrían abandonado el país mientras se encontraban con licencia médica, lo que fue calificado por los parlamentarios como un “abuso inaceptable del sistema de salud y un grave perjuicio al Fisco”.
En el escrito presentado por los parlamentarios se detalla que “un importante porcentaje de estos funcionarios se desempeñan en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en la Fundación Integra y en la Municipalidad de Arica. Algunos, inclusive, registran entre 16 y 39 ingresos o egresos del territorio nacional”.
Los parlamentarios indican que el subsidio por Incapacidad Laboral, que permite a los funcionarios mantener sus remuneraciones durante una licencia médica, está regulado por el artículo 111 del Estatuto Administrativo (Ley 18.834). Esta normativa asume que el trabajador debe guardar reposo y solo en casos excepcionales puede desplazarse, siempre con autorización médica expresa. Por tanto, el uso del subsidio mientras se realiza un viaje al extranjero podría constituir una falta grave o derechamente un delito.
“Solo en muy pocos casos se permite una licencia médica con autorización ambulatoria, lo que de todas maneras corresponde a un número reducido de casos”, advirtieron los diputados. En base a los antecedentes, estiman que podrían configurarse los delitos de obtención u otorgamiento fraudulento de licencias médicas (art. 202 del Código Penal) y fraude de subvenciones (art. 470 N°8 del mismo cuerpo legal).
En su denuncia, los diputados solicitaron al Ministerio Público una serie de diligencias clave, entre ellas: requerir a la Contraloría General de la República los antecedentes completos del informe que dio origen a la denuncia; solicitar a Fonasa y a las isapres el detalle de las licencias médicas pagadas y la nómina de los médicos que las emitieron; tomar declaración a directivos de la JUNJI, Fundación Integra y la Municipalidad de Arica, así como a los facultativos involucrados y a los funcionarios que concentran un mayor número de licencias o salidas del país durante su reposo. Asimismo, pidieron al tribunal competente decretar la suspensión cautelar de la facultad de emitir licencias médicas respecto de los profesionales investigados, mientras dure la indagatoria.
Tal como señala el documento: “La manera en que concurren y se sancionan ambos tipos penales, así como la determinación específica de la participación de los involucrados y del grado de ejecución del delito deberá ser estimado tras la investigación que desencadene la presente denuncia”.
Finalmente, los parlamentarios recalcaron la gravedad de los antecedentes entregados por la Contraloría y subrayaron la necesidad de una respuesta institucional firme y rápida para esclarecer responsabilidades, perseguir eventuales delitos y proteger los recursos públicos.
