Un mundo paralelo. Eso es lo que parece estar viviendo el gobierno respecto de la delincuencia en el país, que tuvo su detonador con el violento secuestro, el pasado miércoles, de Rudy Basualdo Castillo, en Rancagua. Para la administración de Gabriel Boric, pese a las evidencias, el sentimiento de temor es más alto que los hechos de violencia. La realidad dice otra cosa y la bancada de Renovación Nacional encabezada por Frank Sauerbaum, y Marcia Raphael, además de los integrantes de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton -que preside la instancia-, Diego Schalper y José Miguel Castro, pidieron al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, “redoblar los esfuerzos persecutorios”.
En el documento enviado a Valencia, le manifiestan que “las cuentas alegres del Mandatario (Gabriel Boric) son ciertamente preocupantes y hacen difícil abordar cualquier propuesta o política de seguridad con seriedad”. Y añaden que mientras el Presidente se mostraba entusiasta y alegre en actividades vinculadas a los Panamericanos, “en Chile la crisis de seguridad no cesaba, con muestras evidentes en las calles de Santiago de las cifras alarmantes de homicidios en la historia reciente”.
A mayor abundamiento, detallan que las denuncias de secuestro “evidencian un alarmante crecimiento entre 2021 y 2022, pasando de 492 a 826, esto es, un alza cercana al 65%”. Igualmente, en relación a la victimización y la sensación de temor citan el estudio de paz Ciudadana afirmando que «quienes dicen encontrarse altamente atemorizados alcanzó un 30,5% a nivel nacional, 2,5 puntos superiores a la muestra anterior y la cifra récord en los 23 años del estudio”.
Hechos concretos que “dan cuenta de la gravedad de la situación que atravesamos y de la relativización del gobierno de los hechos, mezcla perfecta para el avance del crimen organizado y la irrupción de nuevas fórmulas delictuales -como la que afectó a Rudy Basualdo-, muchas de ellas importadas de otras latitudes y perpetradas por sujetos que se encuentran en condición migratoria irregular”. Cabe recordar que de los tres detenidos iniciales en el caso del empresario rancagüino, dos son venezolanos y uno colombiano.
Los parlamentarios de Renovación Nacional destacan en el documento con destino el Fiscal Nacional, que “insistir en un diálogo con el mismo (el gobierno) parece infértil mientras no existan muestras concretas desde el Ejecutivo de hacerse cargo del problema. Más aún, el Gobierno no solo ha dado cuenta de su incapacidad de alcanzar acuerdos en materia de seguridad, sino también de cumplirlos, con la mitad del Fast Track legislativo sin concretar o en otros casos (…) obstaculizando el avance de los proyectos o desnaturalizando su contenido”.
Por todo lo expuesto, los diputados de RN le piden al fiscal Ángel Valencia “enfocar los esfuerzos en la persecución penal de estos hechos, reforzando y creando unidades de foco investigativo que permitan investigar y perseguir con especial vigor el secuestro y el homicidio, particularmente (…) por bandas u organizaciones criminales”.
Y concluyen solicitando al Fiscal Nacional que “tenga a bien hacernos presente las enmiendas legislativas que se pudiesen impulsar para encausar y dar respuesta a las necesidades del Ministerio Público en la persecución del secuestro y otros delitos de gravedad”, con el fin de “darles tramitación legislativa, aun cuando entremos resistencia del Gobierno”.
