Más de 800 estudiantes aún sin un colegio donde estudiar a consecuencia de la llamada “tómbola”; problemas en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública, que solo en el caso de Atacama dejaron sin clases por tres meses a miles de escolares. Estos son algunos inconvenientes que sufre el sistema de educación chileno. Y estos dos ejes centrales son los que busca la Bancada de diputados de Renovación Nacional que sean tratados a fondo en una Comisión Especial Investigadora, que debería votarse el lunes próximo.
La falta de matrícula que existe aún, pese a que ya pasamos la mitad del mes de abril, en regiones como Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, La Araucanía y Biobío, “se ha traducido en que millares de estudiantes primarios aún no han podido iniciar clases, lo que parece especialmente grave si tenemos en consideración la necesidad de superar el déficit que dejó la pandemia en materia educativa”.
Los parlamentarios también exponen que lo sucedido en la última parte de 2023 con la crisis de Atacama, es una “expresión del fracaso de una política que se impuso en base a pretensiones ideológicas y por sujetos cuyas capacidades e idoneidades técnicas han sido severamente cuestionadas en los últimos meses”.
Y precisan que el fracaso de los Sistemas Locales de Educación Pública (SLEP) “abonan al conjunto de problemas que afectan a la educación pública y que tienen otras expresiones en las cuestionables tómbolas y en las indignas filas que vemos de padres procurando una matrícula para sus hijos”. Rematando esto último, casi un millar de escolares siguen sin matrícula.
Asimismo, la solicitud menciona que incluso el Defensor de la Niñez -Anuar Quesille- afirmó que “la educación es un derecho fundamental (…) y es un deber primordial del Estado garantizarlo”. Y para eso se deben “generar condiciones que permitan un acceso oportuno y adecuado bajo cualquier circunstancia”. Además la misma Defensoría, en 2022, advirtió “la falta de cupos en diferentes regiones, solicitando la solución con urgencia”.
Finalmente, cabe destacar que la instancia fiscalizadora tendrá como tarea -en un plazo de 60 días- “fiscalizar los actos del gobierno, en especial, del Ministerio de Educación, en relación con la implementación del Sistema de Educación Pública desde el año 2022 a la fecha y las complejidades que ha experimentado el proceso de admisión escolar para el año escolar 2024”.
