A raíz de las graves consecuencias que ha provocado el actual sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país, el presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara Baja, Juan Antonio Coloma, junto a los diputados de la Bancada UDI que representan a las regiones de O’Higgins, el Maule, Ñuble y Bío Bío, propusieron crear un fondo cercano a los US$ 500 millones para financiar la reconstrucción de todas las ciudades que se han visto damnificadas durante las últimas jornadas.
Al respecto, y sin perjuicio de las ayudas que el Gobierno debiese anunciar, como la entrega de bonos de enseres, subsidios económicos, alivios tributarios e instalación de viviendas de emergencia, entre otras, los parlamentarios gremialistas aseguraron que, adoptando distintas medidas administrativas, las actuales autoridades podrían disponer de dicho presupuesto para ayudar a los damnificados.
“El Gobierno no sólo tiene la obligación de enfrentar esta emergencia utilizando todas las herramientas que tiene a su disposición, y que lamentablemente no lo han hecho, sino que también deben ser capaces de disponer de un presupuesto acorde a las graves consecuencias que ha provocado el sistema frontal. Hoy tenemos comunas y localidades que están absolutamente anegadas en la zona centro sur, los servicios básicos se han visto interrumpidos estos días, la conectividad vial también se ha visto muy afectada, y si no contamos con los recursos suficientes para avanzar de manera oportuna con el proceso de reconstrucción, difícilmente podremos ayudar a que todas estas comunas se levanten en el corto plazo”, señalaron los parlamentarios de la UDI.
En esa línea, el diputado Coloma -además de los representantes de O’Higgins, Natalia Romero y Eduardo Cornejo; del Maule, Felipe Donoso y Gustavo Benavente; de Ñuble, Cristóbal Martínez y Marta Bravo, y del Bío Bío, Marlene Pérez, Sergio Bobadilla y Flor Weisse, propusieron tres alternativas para financiar el fondo de US$ 500 millones que iría destinado a la reconstrucción.
La primera, mediante la reasignación de recursos públicos por medio de la suspensión de los contratos que se han suscrito -vía trato directo- con una serie de fundaciones y organizaciones, sobre todo las que están vinculadas a partidos políticos, como el caso de “Democracia Viva”, considerando que en apenas 15 meses el Gobierno ha transferido casi US$ 480 millones a distintas agrupaciones.
La segunda, utilizando los recursos destinados a programas que hoy no tienen el carácter de urgente, como los que dicen relación con la “promoción del clítoris”, en el caso del Ministerio de la Mujer, o los que se inmiscuyen en el derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos. Y la tercera, por medio de los ingresos percibidos por el Estado a través del litio, evitando así los millonarios costos que implicaría crear una empresa estatal, tal como ya lo propuso el Ejecutivo.
“Si el Gobierno tiene la voluntad de apoyar en serio a las familias, agricultores y pymes damnificadas, deberían paralizar todos los programas que hoy no tienen urgencia”, reiteraron los diputados UDI.
