Los diputados Juan Antonio Coloma y Juan Manuel Fuenzalida aseguraron que existen antecedentes “suficientes” como para declarar inconstitucional el proyecto, considerando que lo que busca es inmiscuirse en una materia que es de responsabilidad exclusiva de los tribunales de justicia.
El jefe de la Bancada UDI, Juan Antonio Coloma, junto al diputado Juan Manuel Fuenzalida, valoraron el informe emitido por el pleno de la Corte Suprema, que consideró como “improcedente” el proyecto de ley que busca indultar a las personas detenidas en el marco de las movilizaciones de 2019, y que ayer fue aprobado por los senadores de oposición que integran la comisión de Seguridad.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas señalaron que “los argumentos que acaba de entregar la Corte Suprema respecto a este proyecto son suficientes como para que la iniciativa sea declarada inconstitucional”, agregando que “la opinión del máximo tribunal es irrefutable y nos confirma que estamos frente a un proyecto con serias y graves deficiencias de forma y de fondo, y que además se inmiscuye en una materia que le compete exclusivamente a los tribunales de justicia y no a otros poderes del Estado”.
Por lo mismo, y tal como lo anunciaron en diciembre del año pasado, el jefe de la Bancada UDI y el diputado Fuenzalida advirtieron que si la iniciativa impulsada por la oposición continúa su trámite legislativo, “no vamos a dudar en recurrir al Tribunal Constitucional, tal como lo hicimos con el proyecto de negacionismo y que logramos que fuera declarado inconstitucional”.
“Estamos frente a un proyecto que se inmiscuye de manera ilícita en facultades que son exclusivas y privativas de los tribunales de justicia. Es sumamente grave, porque lo que buscan los sectores más extremos de la izquierda es liberar a personas que están condenadas por hechos gravísimos, como la quema de iglesias, atentados incendiarios contra carabineros, barricadas y saqueos, y que dejaron a miles de comerciantes en el suelo”, insistieron los parlamentarios.
Por último, agregaron que “aquí hay un claro interés político de pretender liberar a personas condenadas por delitos gravísimos y de querer impedir que la justicia haga su trabajo. Es una clara intromisión de parlamentarios de izquierda en el Poder Judicial, por lo que vamos a ocupar todas las alternativas a nuestro alcance porque estamos frente a un proyecto que no sólo transgrede la Constitución, sino que también el sentido común”.
