Bancadas de Diputados de Chile Vamos requieren fiscalización ante la Contraloría por acciones judiciales del INDH

17 junio, 2024

Acusan al instituto de actuar fuera del marco de sus competencias legales y utilizar indebidamente recursos fiscales

En un nuevo requerimiento presentado ante la Contraloría General de la República, las Bancadas de diputados de Chile Vamos, encabezadas por Hugo Rey (RN, subjefe), Andrés Longton (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Jorge Guzmán (Evópoli), quienes junto a los diputados UDI, Flor Weisse y Juan Manuel Fuenzalida, llegaron esta mañana a la Contraloría General para solicitar una exhaustiva fiscalización de las acciones judiciales emprendidas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Los parlamentarios acusan a la institución de actuar fuera del marco de sus competencias legales y de utilizar indebidamente recursos fiscales.

El requerimiento se basa en la reciente decisión del INDH de presentar una querella penal por tráfico de influencias en el proceso de designación de la Sra. María Teresa Letelier como Ministra de la Corte Suprema. Según los diputados, esta acción judicial excede las atribuciones del INDH y constituye una “ilegalidad manifiesta”, implicando un uso indebido de recursos fiscales.

Según los parlamentarios, el INDH ha excedido sus competencias, ya que, conforme al numeral 5 del artículo 3 de la Ley N°20.405, se establece un doble mecanismo para conferir autoridad judicial al Instituto. Por un lado, se le permite ejercer acciones judiciales «en el ámbito de su competencia» y, por otro, se le otorga la legitimidad para presentar querellas en relación con un conjunto específico de seis delitos. “Luego los delitos de corrupción o contra la Función Pública como el tráfico de influencias no está en el mencionado conjunto”.

En el documento de 11 páginas, los parlamentarios detallan las facultades del INDH y explican cómo ha excedido sus competencias legales. Señalan que la capacidad del INDH para presentar acciones judiciales está limitada a ciertos delitos específicos, como genocidio, lesa humanidad, guerra, tortura, desaparición forzada, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

Los delitos de corrupción o contra la Función Pública, como el tráfico de influencias, no están incluidos en las competencias del INDH según la Ley N°20.405, reiteraron.

Sobre el uso indebido de recursos fiscales

Los diputados de Chile Vamos argumentan a la Contralora General, Dorothy Pérez, que la acción del INDH implica un uso indebido de los recursos fiscales destinados a la institución, ya que estos recursos deben ser empleados para cumplir con su mandato de protección y promoción de los derechos humanos.
En tal sentido, destacan las declaraciones de la consejera del INDH, Beatriz Corbo, quien señaló la falta de prolijidad en la toma de decisiones del Consejo y mencionó presiones a los consejeros reacios a apoyar la acción judicial.
Finalmente, los parlamentarios solicitaron que la Contraloría instruya las medidas administrativas y disciplinarias necesarias para restablecer la legalidad y asegurar la responsabilidad de los funcionarios involucrados, para de esta manera garantizar la transparencia en las actuaciones del INDH.

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