El Juzgado de Garantía de Puerto Montt dejó sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva al presidente de la Fundación Participa, Daniel Antonio Ibáñez Castro; y al representante financiero, Freddy Leonardo Seguel Rojas, imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados y reiterados de estafa, administración desleal y lavado de activos.
En la audiencia de formalización, la jueza Lorena Fresard Briones ordenó el ingreso en prisión preventiva de Ibáñez Castro y Seguel Rojas, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga. Además, fijó en 6 meses el plazo de investigación.
Según el ente persecutor, en diciembre de 2022, el Gobierno Regional de Los Lagos transfirió a la Fundación Participa, presidida y representada legalmente por Daniel Ibáñez Castro, la suma de $1.200.000.000, para la ejecución del programa regional de saneamiento de títulos de familias vulnerables.
El objetivo de la iniciativa era regularizar la propiedad de 1.400 beneficiarios de las provincias de Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena, que carecieran de un título de dominio debidamente inscrito en el Conservador de Bienes Raíces respectivo o que tuvieran una edificación sin autorización municipal, en un período de 12 meses.
En octubre de 2023, sin embargo, el GORE Los Lagos puso término anticipado al convenio, debido a que la transferencia de fondos se realizó sin la toma de razón por parte de la Contraloría Regional, de la resolución afecta que aprobaba el convenio.
Ante lo cual, el imputado Daniel Ibáñez presentó en diciembre de 2023 un informe donde indicó que el monto total ejecutado ascendió a $574.629.166, lo que acompañó con un listado de casos y su estado avance. Además, reintegró por concepto de gastos no ejecutados la suma de $625.066.984, en dos parcialidades.
A juicio del Ministerio Público, sin embargo, en el informe de cierre se informaron 73 casos concluidos con soluciones jurídicas, las cuales no se realizaron en su totalidad, abultando el número de casos para justificar el uso de los recursos públicos y defraudando al Fisco en la suma de $26.571.433, tomando como base de cálculo que en los términos técnicos de referencia se estableció un costo de $857.143 por caso unitario. En dicho informe de cierre, además, se presentaron 45 casos de beneficiarios repetidos, estimándose un costo defraudado de $38.571.435.
A su vez, de 49 carpetas de usuarios informadas en tramitación, ninguna cumplía a cabalidad con los requisitos para su progreso en el saneamiento de un título de dominio y todas fueron rechazadas y devueltas por Bienes Nacionales; no obstante, fueron rendidas por el imputado Ibáñez como acciones ejecutadas, estimándose el costo defraudado en $42.000.007.
Para el Ministerio Público, además, el imputado Ibáñez se valió de testaferros, a quienes se encontraba vinculado por amistad, para pagarles una remuneración mensual desde la cuenta de la Fundación Participa, por los servicios jurídicos supuestamente prestados para el desarrollo del programa. Estos, a su vez, debían transferir de vuelta a la cuenta personal del imputado gran parte de lo remunerado, lo que ascendió a un monto total de $10.650.000. Mientras tanto, el imputado presentaba mensualmente rendiciones falsas al GORE, informando de los trabajos ejecutados por los testaferros.
El imputado Ibáñez, además, invirtió los recursos asignados para el programa en instrumentos financieros bancarios, a través de 5 depósitos a plazo que le generaron ganancias y un perjuicio al patrimonio del GORE Los Lagos de $38.590.784, sin informarlo ni reintegrarlo al cierre del programa.
Al manejar la cuenta corriente de la Fundación, a su vez, el imputado Ibáñez realizó sucesivas transferencias o giros por caja de los fondos públicos a sus cuentas personales y a terceros ajenos al programa, para la satisfacción de fines particulares; entre ellos al GORE Metropolitano, como reintegro del programa “Feria tecnológica para el adulto mayor” y a una compañía de seguros, para pagar la póliza de un programa con el GORE del Maule para frutilleros de la provincia de Cauquenes, generando un perjuicio patrimonial al GORE Los Lagos de al menos $58.764.269.
Asimismo, el imputado Ibáñez realizó sucesivas transferencias de fondos públicos para fines particulares al representante financiero de la Fundación y consultor para el programa, el coimputado Freddy Seguel Rojas, por al menos $24.000.000, quien utilizó estos fondos en bienes y operaciones de naturaleza particular, a sabiendas de su origen ilícito.
