Asimismo, Juan Manuel Fuenzalida, Daniel Lilayu y Cristóbal Martínez insistieron en la salida de la subsecretaria de Vivienda, quien no presentó una denuncia pese a conocer la situación.
Los diputados de la Bancada UDI, Juan Manuel Fuenzalida, Daniel Lilayu y Cristóbal Martínez, exigieron esta mañana que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presente -a la brevedad posible- una querella criminal en contra de todos los que resulten responsables por el grave caso que involucra a la Fundación Democracia Viva con dirigentes de Revolución Democrática (RD), entre ellos la diputada Catalina Pérez, cuya pareja -Daniel Andrade- recibió un total de $426 millones de parte de la seremi Minvu de Antofagasta, que era liderada justamente por un exasesor de la parlamentaria.
Cabe recordar que este jueves, y tal como lo habían anunciado al momento de ingresar una censura en contra de la diputada Pérez, los parlamentarios gremialistas presentaron una querella por los eventuales delitos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencia, solicitando -al mismo tiempo- que la Fiscalía pueda citar a declarar a todos los involucrados, además de allanar las oficinas de la fundación y pedir la apertura de las cuentas bancarias de los implicados.
Por lo mismo, y considerando que el Ministerio Público ya inició una investigación de oficio y ordenó una serie de diligencias en el caso, Fuenzalida, Lilayu y Martínez emplazaron al CDE a “no hacer vista gorda” y “al menos estudiar los graves antecedentes que hasta ahora se conocen”, agregando que “resultaría absolutamente inentendible que el organismo encargado de velar por los recursos del Estado, en defensa de los intereses de todos los chilenos, no se haga parte de este millonario fraude”.
“Son precisamente estos casos donde el CDE tiene el deber de demostrar su absoluta independencia y autonomía. La Fiscalía ya abrió una investigación de oficio, los tres involucrados renunciaron a sus cargos y, además, existen una serie de antecedentes que darían cuenta de que esta fundación fue creada con el ánimo de defraudar al Estado, por lo tanto lo mínimo que esperaríamos es que empiecen a estudiar este caso y presenten, a la brevedad posible, una querella criminal en contra de todos los que resulten responsables”, manifestaron los diputados de la Bancada UDI, quienes por ejemplo recordaron que -a la fecha- el organismo aún no se querella por el caso que involucra a la Municipalidad de Santiago con la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella, pese a que la Contraloría concluyó que la alcaldesa Irací Hassler (PC) no cauteló el correcto uso de los recursos públicos.
Asimismo, Fuenzalida, Lilayu y Martínez aprovecharon la ocasión para insistir en la renuncia de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), quien a principios de mayo fue advertida por la Asociación de Funcionarios del Serviu respecto a eventuales irregularidades en el uso de recursos, sin que la autoridad haya presentado una denuncia, tal como se le exige a los funcionarios públicos.
“La permanencia de la subsecretaria de Vivienda en el Gobierno no resiste un día más. Ella tomó conocimiento del caso durante el mes pasado, y su deber como funcionaria pública era presentar una denuncia, pero no lo hizo. Y cuando eres militante del mismo partido que se ve involucrado en el millonario escándalo, la responsabilidad es doble”, reiteraron los parlamentarios gremialistas.
