Tras una extensa reunión entre Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia y los senadores Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla se acordó avanzar en propuestas legislativas en materia de probidad y transparencia, permitiendo el desarrollo de una agenda que contempla entre sus principales iniciativas, la moción que modifica la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, a fin de incluir en dicha normativa a las autoridades electas.
“Es nuestra convicción que una modificación legal que incluya a las autoridades electas en la regulación del lobby ayudará en transparencia y en el control ciudadano sobre el quehacer que sus autoridades, acabando con la opacidad que se produce sobre las diversas presiones que un futuro representante popular pueda recibir antes de asumir su cargo”, añadió Provoste.
Al respecto, Huenchumilla aclaró que la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, tuvo su origen en el año 2008 en un mensaje presidencial que señalaba que dicha legislación tendría como líneas esenciales definir «cuáles son las actividades de gestión de intereses, creando un registro en el cual los agentes que se dediquen a esta actividad deban inscribirse”.
De igual manera, los legisladores DC señalaron que el cuerpo legal buscó regular de manera estricta la actividad del lobby y las demás gestiones que representen intereses particulares, con el objeto de fortalecer la transparencia y la probidad en la gestión pública.
Además, los senadores recordaron que la legislación fue modificada por la Ley N° 21.073, que regula la elección de gobernadores regionales, la cual incluyó a los gobernadores regionales como sujetos pasivos de la ley, siendo la única modificación que ha sufrido desde que fue publicada en marzo del año 2014.
“De esta manera son sujetos pasivos de lobby, en general, las autoridades o personas que en función del cargo que ejercen, tienen las atribuciones para poder tomar decisiones de carácter relevante. En sus artículos 3° y 4° se hace un listado taxativo de quienes pueden ser objetos de lobby”, detalló Huenchumilla.
En esa línea, Provoste planteó que existe un vacío, puesto que el cuerpo legal no se encuentran numerados como sujetos pasivos de lobby, las autoridades que han resultado electas luego de un proceso de elección popular, quienes también pueden ser objeto de gestiones destinadas a obtener determinada decisión futura.
“Esta moción se formula como una protección a la fe pública y también a la persona del futuro diputado, senador, gobernador regional, consejero regional, alcalde o concejal”, concluyeron Huenchumilla y Provoste.
