- La iniciativa busca establecer plazos máximos para las investigaciones, sanciones para fiscales y penas de cárcel para quienes filtren información reservada de causas judiciales.
La diputada Maite Orsini ingresó este martes el proyecto de “Ley Tomasito”, iniciativa que busca garantizar justicia oportuna, sancionar negligencias del Ministerio Público y proteger la dignidad de las víctimas y sus familias.
Inspirada en el caso del pequeño Tomás Bravo, desaparecido el 17 de febrero de 2021 y hallado sin vida el 26 de febrero de 2021, en circunstancias que aún no tienen responsables, la propuesta fue elaborada en conjunto con su madre, Estefanía Gutiérrez, quien ha liderado una incansable búsqueda de verdad y justicia.
Un cambio estructural en el sistema penal
La Ley Tomasito propone plazos máximos para las investigaciones penales, la creación de un Registro Nacional de Peritos, y la responsabilidad administrativa, civil y penal de los fiscales que actúen con negligencia o filtren información reservada.
“Cuando un caso queda sin justicia por errores del Estado, no sólo se vulnera el derecho de las víctimas, sino que se destruye la confianza de toda la sociedad en la justicia. Por eso este proyecto de ley establece medidas como penas de cárcel para quienes filtren información reservada de una carpeta, un permiso laboral de 5 días para que los familiares de personas extraviadas puedan colaborar en las labores de búsqueda, plazos máximos de investigación para que no estén las causas por años dormidas en fiscalía, entre otras medidas que mejoran la persecución penal. Este proyecto no busca castigar errores, busca sancionar la irresponsabilidad y la falta de ética que tanto dolor han causado en las familias que lo padecen, porque las víctimas merecen respeto, acompañamiento y verdad, no abandono, desidia y silencio”, dijo la diputada Maite Orsini.
La iniciativa fija límites claros a la duración de las investigaciones: las desformalizadas no podrán exceder los 4 años, y las formalizadas tendrán un máximo de 2 años, plazo tras el cual la fiscalía deberá cerrar o formalizar el caso.
Asimismo, cuando los errores de la fiscalía deriven en sobreseimientos o absoluciones, se presume legalmente la responsabilidad personal del fiscal y la solidaria del Ministerio Público, lo que obligará al Estado a indemnizar a las víctimas y remover al fiscal responsable.
“Los errores son muchísimos, no sé por dónde comenzar. Principalmente fueron por el fiscal Ortiz, hoy está imputado por obstruir a la justicia, él pidió cambiar informes, se sacó a la policía de investigaciones de una forma injusta, hay pericias mal ejecutadas, pericias que no se hicieron. Por ejemplo, lo de las cámaras, el ADN que se dejó de lado, se botaron ADN, se dejaron degradar ADN, un montón de cosas horribles que hizo la fiscalía. Es difícil porque ver que un fiscal esté obstruyendo la investigación, da para pensar que hay mala intención. No sé con qué intención se hizo, no sé si fue por negligencia, por falta de trabajo, por no querer hacer su trabajo o porque realmente él está ocultando algo, porque también él da a entender que él está protegiendo a alguien, es es la forma en que yo veo las cosas, que no se hizo con una buena intención, se hizo con mala intención. Para mi este proyecto es muy importante, no sólo porque quiero ayudar a otras víctimas a futuro, sino que también porque quiero mostrar todas las situaciones que hemos vivido como familia. Todo el aprovechamiento de la fiscalía, expresó Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo.
Fuero y estabilidad laboral
La iniciativa además, incorpora el derecho a permisos laborales para familiares que busquen a personas desaparecidas, asegurando que puedan dedicar los primeros días cruciales a las labores de búsqueda sin perder su fuente laboral.
“No es posible que las familias tengan muchas veces que elegir entre enfrentar esta situación y todo lo que implica la desaparición de un ser querido o considerar si buscan todas las medidas para no perder el empleo. No puede haber una decisión entre estabilidad laboral y la búsqueda de un familiar y por eso es que celebramos que dentro de todas las medidas procedimentales institucionales que este proyecto aborda, se hagan cargo también de la necesaria protección que debe implicar el trabajo de quien hoy enfrenta esta situación que es tan excepcional como dolorosa y por lo tanto, esperamos que este proyecto además de pasar por las comisiones técnicas que corresponden, pase por trabajo para que podamos responder a esta necesidad”, dijo el diputado Andrés Giordano, presidente de la Comisión de Trabajo.
