La diputada y subjefa de Bancada de Renovación Nacional, Marcela Sabat, reaccionó hoy tras las decisión de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco de renunciar al Consejo de Defensa del Estado, señalando que “era la crónica de una muerte anunciada”.
Para la parlamentaria RN, la permanencia de Blanco en el Consejo de Defensa del Estado “era insostenible y estaba dañando a una institución importante; es positivo que finalmente (Blanco) haya tomado esta decisión. «
Luego argumentó que: “El CDE es el organismo encargado de velar por los intereses del Estado en los distintos estamentos que éste interviene; debe asesorar, defender y representar los intereses patrimoniales y no patrimoniales del Estado de Chile y sus organismos, y era impresentable e insostenible en el tiempo que una de sus miembros al menos, se le relacionara en varias causas judiciales de connotación nacional”.
Esa defensa de los intereses fiscales no puede estar a cargo de una persona que:
- Fue involucrada en el presunto pago de sobre sueldos con fondos públicos de Carabineros durante el periodo en que se desempeño como subsecretaria de la institución (2006-2010).
- Que actualmente se encuentra en calidad de imputada se en el famoso «caso jubilazos en Gendarmería» en que se estan pesquisando los delitos de fraude al fisco, nombramientos ilegales y trafico de influencias.
- Ha sido citada a declarar por el «caso borronazo» dentro del Sename, por la alteración de las cifras de niños, niñas y jóvenes fallecidos en centros del Sename, disminuyendo la cifra de muertes de 449 a 185.
- Y actualmente no se descarta citarla a declarar como imputada por la arista del programa ASCAR, relacionado al aseguramiento de la calidad de las residencias y mejoramiento continuo de niños vulnerados, por pagos realizados con dineros de Ascar a personas que no tenían relación con este programa.
Finalmente, Sabat indicó que «nos parecía sumamente grave que todos los chilenos contemos con una Consejera cuya misión encomendada por ley, sea defender judicialmente los intereses del Estado, sea quién, al mismo tiempo esté siendo cuestionada – de distintas formas – a través de sus cargos de alta responsabilidad los mismos intereses, que por ley debe defender».
