* El parlamentario socialista presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue a fondo las escuchas telefónicas y espionaje por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, en el marco de la Operación Topógrafo.
“Aquí el riesgo de que se haya desnaturalizado el servicio de inteligencia y opere para proteger a las redes de corrupción internas en las FF.AA. es muy alto”, afirmó esta mañana el diputado Leonardo Soto luego de solicitar ante Ministerio Público una investigación a fondo sobre las escuchas telefónicas y espionaje por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE), en el marco de la Operación Topógrafo. “Los antecedentes conocidos dan cuenta que estas escuchas telefónicas son extremadamente graves, toda vez que recaen sobre personal uniformado, pero también civil, incluso un periodista, cuyas denuncias están todas relacionadas con la corrupción militar”, afirmó el parlamentario.
A juicio de Soto, “los antecedentes que se disponen indican que no es normal, no es natural ni tampoco legal que los servicios de inteligencia de Ejército se dediquen a interceptar comunicaciones telefónicas de personas que hacen este tipo de denuncias”. De acuerdo con la Ley de Inteligencia, detalló el diputado PS, “estos servicios solo pueden intervenir o adoptar medidas intrusivas que interfieran en la libertad de las personas cuando exista una amenaza a la seguridad nacional o existan vinculaciones con personas con narcotráfico u organizaciones criminales o terrorismo y que afectan la seguridad nacional. Ninguna de estas hipótesis tiene algo que ver con alguna de las 5 personas que han sido espiadas por la DINE”.
En consecuencia, afirmó el parlamentario, “los hechos pueden revestir carácter de delito y constituir un caso de interceptación de comunicaciones privadas ilegal y merecen ser investigadas por la justica civil, que da plena garantía de independencia a diferencia de la justicia militar”. En esa línea, el diputado sostuvo que “si uno pudiera establecer un símil de lo que hoy día ocurre en el Ejército, en materia de espionaje telefónico, es que este espionaje es idéntico o similar al que ocurrió en Carabineros de Chile en la denominada Operación Huracán, este es la Operación Huracán Militar y es extremadamente grave”.
AUTORIZACIÓN DE MINISTROS DE LA CORTE DE APELACIONES
Asimismo, Soto señaló que “se ha mencionado que estas interceptaciones habrían sido autorizadas por ministros de Corte de Apelaciones. Por sí solo, una autorización formal efectuada por la justicia no le quita el carácter delictual a estas interceptaciones telefónicas, especialmente cuando se constata que las causales para autorizarlas no procedían”. Entonces, agregó el legislador, “la interrogante que se abre tiene que ver con determinar si a los ministros de la Corte de Apelaciones, que se han señalado, dieron una autorización judicial para realizar y prorrogar estas interceptaciones y si lo hicieron, bajo qué antecedentes se le presentaron por parte de los servicios de inteligencia”.
Al respecto, Soto aseguró que “me parece difícil que un ministro haya autorizado interceptación de comunicaciones de periodistas que realizan investigaciones de esa naturaleza o denunciantes de corrupción militar”. “Aquí el riesgo de que se haya desnaturalizado el servicio de inteligencia y ponerlo al servicio de proteger a redes de corrupción internas en las FF.AA. es muy alto, sobre todo cuando analizamos el contexto de los años 2015-2016-2017 y 2018, donde hoy día están formalizados, procesados y hasta detenidos, varios comandantes en jefes y varios generales que en esa época tenían autoridad y mando sobre los servicios de inteligencia”, sentenció el parlamentario.
MINISTRO DE DEFENSA
Consultado por las declaraciones del ministro Alberto Espina, Soto afirmó que “lamentablemente, el ministro de Defensa y el Ejército, en vez de perseguir judicialmente la responsabilidad de las personas que son denunciadas por actos de corrupción en el interior de su institución, lo que han hecho es presentar denuncias para evitar las filtraciones. Persiguen al denunciante de la corrupción para acallarlos y no a los imputados por corrupción. Es el mundo al revés. El ministro equivoca el foco de su labor, que es garantizar y proteger a los que se atreven a denunciar los actos de corrupción al interior del alto militar y no perseguirlos”.
