En actividad realizada con todas las bancadas de la oposición, parlamentarios calificaron los hechos como “graves” y pidieron al Senado constituir
Comisión Mixta pendiente por libertad condicional para que no se concedan beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad entre septiembre del 73 y el año 90.
Junto con manifestar su rechazo y preocupación por los fallos de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de esta semana, que dejaron en libertad condicional a siete militares (R) condenados en Punta Peuco por casos de derechos humanos, las bancadas de oposición hoy en la Cámara Baja anunciaron diversas acciones de fiscalización e incluso no descartaron apoyar una acusación constitucional contra los ministros.
En la manifestación pública realizada en la Cámara, el jefe de la bancada DC, diputado Matías Walker, señaló que “aquí estamos, recordando también a don Eduardo Frei Montalva y a todas las víctimas, paramanifestar nuestro rechazo a la resolución de la Corte Suprema que revocó el fallo de la corte anterior, que había denegado la libertad condicional a estos condenados por violación a los derechos humanos.La situación es tan grave que dentro de ellos está el Coronel en retiro Manuel Pérez, que fue condenado por complicidad en el crimen del asesinato del ex químico de la DINA Eugenio Berríos, que tiene que ver con la causa del asesinato del Presidente Frei, que se está investigando su implicancia con el posible asesinato de nuestro Premio Nobel, el poeta Pablo Neruda. De esa gravedad de delitos estamos hablando”.
Walker agregó que “por cierto que nosotros vamos a estudiar todas las acciones que del punto de vista de fiscalización nos otorga la Constitución. Acabamos, además, de aprobar en reunión de comité instar al Senado para que se constituya la comisión mixta, que tiene por objeto resolver la discrepancia entre ambas cámaras, respecto del proyecto de libertad condicional que promovió el Gobierno de la Presidenta Bachelet, para que no se concedan beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad entre septiembre del 73 y el año 90.
El jefe de la bancada agregó que “desde el punto de vista de los principios internacionales de derechos humanos que reglan la corte penal internacional de justicia y el estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad no pueden ser susceptibles de beneficios, eso es un principio del derecho internacional, que es fuente del derecho internacional de Derechos Humanos, que en virtud del artículo V del inciso segundo de la Constitución limita la soberanía de los poderes del Estado y tiene que integrarse en todos los fallos respecto de delitos de lesa Humanidad y ese principio nosotros lo vamos a defender.”
