Los diputados de Renovación Nacional Camila Flores, Hugo Rey y Frank Sauerbaum, destacaron la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de admitir a trámite los requerimientos presentados por Chile Vamos y Republicanos, que buscan esclarecer la legalidad del contrato firmado entre el Estado y la familia de la senadora Isabel Allende. Según los parlamentarios, este hecho constituye una posible infracción al artículo 60 de la Constitución, que prohíbe a los legisladores celebrar contratos con el Estado.
La diputada Camila Flores, una de las firmantes del requerimiento, subrayó la importancia de la resolución del TC:»Estamos conformes con la resolución del Tribunal Constitucional que acogió a trámite nuestro requerimiento para que la senadora Isabel Allende cese en el cargo por haber infringido la Constitución Política al haber celebrado un contrato, siendo ella parlamentaria, con el Estado. La norma es clara: ningún parlamentario puede celebrar contratos con el Estado, y la sanción establecida es el cese del cargo. Esperamos que el Tribunal actúe con la celeridad que se necesita, porque no puede haber impunidad en nuestro país, independientemente de quién infrinja la ley».
Por su parte, el subjefe de bancada, el diputado Hugo Rey, destacó el rol fiscalizador del Congreso en esta materia: «No es aceptable que quienes tienen el deber de legislar y representar a los ciudadanos infrinjan la Constitución. La admisión de este requerimiento es una señal clara de que todos estamos sujetos a las mismas reglas y de que en Chile nadie está por encima de la ley. Esperamos que el Tribunal Constitucional actúe con el rigor necesario para esclarecer este caso».
Finalmente, el diputado Frank Sauerbaum, también firmante del requerimiento, enfatizó la gravedad de la situación: «Estamos satisfechos de que el Tribunal Constitucional haya accedido a nuestra petición de analizar este caso. Es muy grave que la senadora Allende haya transgredido la Constitución y la ley. En el artículo 60 está claramente estipulado que los senadores, diputados y ministros no pueden tener conflictos ni ningún tipo de negocio con el Estado. Por lo tanto, esperamos que el Tribunal actúe en derecho y no por consideraciones políticas».
