Los diputados de la UDI, Sergio Bobadilla y Cristhian Moreira, llamaron al Gobierno a querellarse por la Ley Antisaqueos en contra de los estudiantes del Instituto Nacional que esta semana interrumpieron el tránsito en la Alameda, obligando a los conductores particulares que pasaban por allí a darles dinero si es que querían continuar transitando.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas recordaron que dicha normativa tipificó como delito una práctica conocida como “el que baila, pasa”, la que se hizo masiva en el contexto de las movilizaciones de 2019, estableciendo que el que interrumpiera la libre circulación de las personas o vehículos mediante la violencia o intimidación, como es el caso de ahora, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo.
“El Gobierno tiene la obligación de aplicar todo el rigor de la ley con las personas que atentan contra la libre circulación del resto. Es inexplicable que contra el gremio de camioneros apliquen la Ley de Seguridad Interior por manifestarse de manera pacífica, pero contra estos grupos de delincuentes -mal llamados estudiantes- desvíen la vista hacia un costado y no ejerzan todas las medidas que corresponden”, cuestionaron los diputados UDI, agregando que “no pueden seguir aplicando mano dura contra algunos y mano blanda contra otros”.
En esa línea, Bobadilla y Moreira insistieron en que las autoridades “tienen una herramienta clara a su disposición, que es la Ley Antisaqueos, que tipifica como delito la interrupción del tránsito mediante la intimidación”, por lo que insistieron en que el Gobierno “puede y debe querellarse en contra de estos estudiantes y establecer un precedente claro respecto a que no toleraremos nunca más este tipo de acciones en nuestro país”.
“Si seguimos a este rito, durante los próximos cuatro años tendremos a un Gobierno siendo absolutamente cómplice de la delincuencia y el vandalismo. Ya no se querellaron contra el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, tampoco por el atentado contra la ministra del Interior ni menos ahora. Las autoridades tienen que entender que ya no son simples activistas, sino que ahora son gobernantes, y eso implica ocupar todas las herramientas que les otorga el Estado de Derecho, aunque vaya en contra de su propia ideología”, reiteraron los parlamentarios gremialistas.
