Marlene Pérez y Natalia Romero llamaron a avanzar en una iniciativa que presentaron en mayo de 2022, luego que se conociera -otra vez- el caso de un adulto de 88 años, a quien le prohibieron vender su vehículo si no presentaba un documento de un médico especialista.
Las diputadas de la Bancada UDI que pertenecen a las comisiones de Personas Mayores y de Familia, Marlene Pérez (Ind.) y Natalia Romero (Ind.), respectivamente, llamaron al Gobierno, pero en específico al Ministerio de Desarrollo Social, a otorgar máxima urgencia a un proyecto de ley que presentaron hace casi tres años, en mayo de 2022, y que busca prohibir que las notarías puedan exigir a los adultos mayores un certificado de lucidez al momento de realizar algún tipo de trámite.
Lo anterior, tras una carta publicada esta mañana en un medio de circulación nacional, donde una persona aseguró que en una notaría le negaron a su abuelo de 88 años la posibilidad de vender un vehículo que estaba a su nombre, exigiéndole un certificado extendido por médicos especialistas.
Al respecto, junto con calificar dicha práctica como “discriminatoria”, las parlamentarias recordaron que en 2022 también se dio a conocer un caso similar en Chile, en el que a un adulto de 75 años le exigían un certificado emitido por un geriatra, neurólogo o psiquiatra para poder vender su vehículo.
Por lo mismo, Pérez y Romero presentaron ese año -junto al resto de la bancada gremialista- un proyecto que incorpora al Código Orgánico de Tribunales un nuevo artículo, que establece que “los notarios no podrán exigir a las personas, por motivo de edad, certificados u otros documentos para verificar sus facultades cognitivas o la ausencia de alteraciones psíquicas”, tal como está ocurriendo.
“En nuestro país está absolutamente definido y consagrado que todas las personas son legalmente capaces, salvo aquellas en que la ley declare lo contrario. No hay ninguna norma que establezca que un adulto mayor se vuelve incapaz o interdicto por el sólo hecho de llegar a una determinada edad, de tal manera que puede seguir ejerciendo sus derechos y obligaciones por sí mismo, sin que requiera contar con la autorización de un tercero. Por eso es que esta práctica que mantienen las notarías no sólo transgrede lo que establece la ley, sino que además constituye -a nuestro juicio- un grave acto de discriminación, en un momento en el cual todos estamos propendiendo a velar por la autonomía de los adultos mayores y evitar cualquier acto de este tipo”, señalaron las parlamentarias.
En esa línea, Pérez y Romero aludieron a la Ley 20.609, más conocida como “Ley Zamudio”, que define la discriminación arbitraria como “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable (…) y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales (…) en particular cuando se funden en motivos tales como (…) la edad”.
Por lo anterior, ambas diputadas anunciaron que oficiarán esta semana al Ministerio de Desarrollo Social para conocer si tienen la voluntad de tramitar dicha iniciativa, reiterando que “dado el proceso de envejecimiento que está viviendo nuestro país, hoy tenemos la obligación de eliminar cualquier acto que no promueva la plena autonomía de los adultos mayores y dé espacio a su discriminación”.
