Ad portas de los alegatos ante el Pleno del Tribunal Constitucional por el requerimiento presentado por el ex secretario general del PRO hasta el año 2012 y exasesor de Marco Enríquez-Ominami, Cristián Warner, su defensa solicitó al organism excluir como intervinientes al Consejo de Defensa del Estado –en representación del SERVEL-, al Servicio de Impuestos Internos y al Ministerio Público.
Específicamente, respecto de los alegatos por el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma incluida en la Ley 18.556 sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y el Servicio Electoral respecto a que no podrán sufragar quienes hayan sido acusados por delitos sancionados con penas aflictivas.
A través del requerimiento –presentado en enero- Warner busca –al igual que Enríquez-Ominami- recuperar los derechos políticos y ciudadanos que le fueron suspendidos a raíz de la acusación en su contra por el denominado caso SQM, lo que será alegado este jueves.
Sin embargo, debido a que tanto el CDE como el SII eventualmente pudieran sumarse, tal y como lo hicieron en la causa de ME-O, es que los abogados Ciro Colombara, Aldo Díaz y Carola Cotronoeo solicitaron formalmete al TC que se los excluyera de los alegatos.
De acuerdo al escrito, “en la eventualidad de que el Consejo de Defensa del Estado y/o el Servicio de Impuestos Internos, se anuncien para alegar la presente causa, esta parte solicita que no se les permita alega, ya que ambas partes han señalado, expresamente, no tener interés en el presente requerimiento de inaplicabilidad”.
“Además, se solicita que en la eventualidad de que el Ministerio Público se anuncie para alegar en la presente causa, ésta sea rechazada, pues dicho órgano del Estado no ha comparecido en juicio, precluyendo su derecho para hacerlo”, agrega, y detalla que en concreto, por medio de su presentación de fecha 15 de enero de 2021, el SII señaló que se estaría “a lo que S.S. EXCM. resuelva en relación a la pretensión formulada”.
Por último, la defensa menciona en la solicitud que del Consejo, en su presentación de fecha 18 de enero de 2021 señaló que “si bien este Consejo de Defensa del Estado es parte en el proceso seguido ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, no ha deducido acusación en contra del requirente”, mencionando que, en el caso de la Fiscalía, “no ha comparecido en juicio, precluyendo su derecho para hacerlo”. y, en consecuencia, se encuentra imposibilitado para alegar.
