Luego que un informe de la Dipres revelara que en los últimos 6 meses de la administración de la ex presidenta Bachelet se incorporaron más de 14 mil empleados a contrata al sector público, el diputado y Jefe de Bancada de la UDI, Javier Macaya, afirmó que “contratar operadores políticos en el Estado de forma permanente fue un intento del gobierno de la Nueva Mayoría de esconder la cesantía”.
“Esta práctica es otro legado que nos dejó la ex presidenta Bachelet. Es realmente lamentable que por las malas políticas económicas implementadas por el gobierno anterior, miles de chilenos -sin ningún contacto con partidos políticos de izquierda- perdieran sus fuentes laborales, viéndose obligados a vivir la cesantía o realizar empleos precarios sin ninguna previsión”, dijo.
Macaya recalcó que “la contratación de operadores políticos es una práctica común de los partidos de izquierda, quienes ven al Estado como un trofeo y no como una opción de servicio público. Fue un intento nefasto por esconder la cesantía”.
“Nosotros respetamos la carrera funcionaria, sabemos del sacrificio de miles de empleados públicos que cumplen una labor destacada. Ellos tampoco merecen ser sobrepasados por la autoridad de turno”, acotó.
Por lo anterior, Javier Macaya anunció que “oficiaremos en virtud de nuestras atribuciones a la Contraloría General de la República para que se pronuncie respecto a estos ‘contratos express’ y así analizar si corresponde la desvinculación y la devolución de los dineros pagados indebidamente”.
