Tras un acucioso procedimiento de fiscalización a la «Fundación Procultura «, – en atención a antecedentes sobre eventuales irregularidades, faltas y/o delitos cometidos por la entidad, sus miembros y terceros en la administración y uso de los fondos públicos -, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Justicia y, específicamente del Departamento de Personas Jurídicas, determinó solicitar la disolución de dicha organización.
Esto, luego que, en el marco del mencionado procedimiento de fiscalización, entre otras acciones, en reiteradas ocasiones se solicitó distinto tipo de documentación a la entidad, obteniendo respuesta nula, incompleta o sin resultado íntegro a la fecha, de su parte.
Agotada esa instancia y analizados los antecedentes disponibles, este Ministerio infiere que la Fundación ha destinado sus esfuerzos y patrimonio a actividades distintas a aquellas para las cuales fue creada, descuidando por tanto su objeto social; y, se determinó, una desproporción de los gastos en personal y honorarios respectos de actividades vinculadas directamente con el objeto social de esta.
En conclusión, esta cartera de Estado considera que esta Fundación ha infringido gravemente sus estatutos, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 557 y 559 letra c) número 1) y 2) del Código Civil, se solicita al Consejo de Defensa del Estado ejercer la acción destinada a disolver por sentencia judicial la asociación denominada “FUNDACIÓN PROCULTURA”, cuya personalidad jurídica fue obtenida mediante Decreto de Justicia N° 3.031, de 14 de mayo de 2010.
REACCIONES:
El diputado Andrés Longton (RN), quien fue presidente de la Comisión Especial Investigadora de Procultura, por la solicitud del gobierno al CDE para disolver la Procultura.
“Es una muy buena noticia que finalmente haya salido la solicitud de disolución de Procultura, pero llama mucho la atención y revela las falencias del Estado que el Ministerio de Justicia, teniendo la facultad de fiscalizar a esta fundación y a otras, no haya detectado antes de que se estaba apartando claramente de su objetivo social y estaba pagando honorarios y sueldos de manera indebida, a pesar de haber multiplicado por 10 los ingresos durante este gobierno y haber desviado su objetivo social. El mismo Estado no detecta algo que tiene la obligación de hacer y de fiscalizar y por lo tanto eso revela la ineficiencia y también las falencias evidentes que tiene el Ministerio de Justicia para poder indagar este tipo de situaciones que era a todas las luces evidente desde el punto de vista de que estaban defraudando al Estado en sus narices y no estaban ocupando las herramientas que tenían a disposición para haberlo detectado a tiempo”.
