Con 128 votos fue aprobado y despachado al Senado, el proyecto de ley que obliga a las autoridades religiosas o eclesiásticas, denunciar casos de abuso sexual contra menores de edad, cuando estos estén bajo su conocimiento.
La iniciativa fue presentada en mayo de 2018 por el diputado por la región de O’Higgins, Raúl Soto, quien celebró la aprobación unánime y lo calificó como “el primer paso para terminar con la cultura del encubrimiento y los cómplices pasivos”.
La iniciativa de ley busca incluir en el artículo 175 de Código Procesal Penal la obligación expresa de los sacerdotes a denunciar al Ministerio Público, bajo una sanción penal, cualquier hecho de abuso contra un menor del que ellos tomen conocimiento. Esto, para todas aquellas autoridades religiosas, sacerdotes, pastores, miembros del clero y para todo tipo de directivos de instituciones deportivas, culturales, juveniles, sociales.
Al respecto, Soto invitó al Senado a «dar prioridad a este proyecto para que pronto sea ley, porque vamos a permitir de esa manera que finalmente los religiosos estén obligados a entregar todos los antecedentes a la fiscalía, el Ministerio Público y toda la justicia a la brevedad, de manera tal, que las investigaciones se inicien de manera oportuna. Es de gran importancia avanzar en una legislación que permita que la ley chilena se les aplique con todo el rigor y no puedan, a través de subterfugios, mediante el derecho canónico, o investigaciones internas (que finalmente quedan en nada), seguir intactos en sus puestos y perpetuar la impunidad, ya que estos delitos carecen de una investigación judicial, por ende, en la falta de una condena”.
“Tenemos que poner fin a todos los espacios de impunidad; garantizar que las denuncias se realicen en forma oportuna y eficiente y, de esa manera, se dé pie a las investigaciones y a las condenas respectivas, para que ningún abusador de niños, niñas y adolescentes en nuestro país quede impune. Los hechos que hemos conocido en el último tiempo, con silencios durante años por parte de autores de los delitos y encubridores, son inaceptables como sociedad”.
Finalmente, el autor del proyecto, fue enfático en afirmar que “Necesitamos decir con fuerza: Nunca más encubrimientos, nunca más abusos y nunca más impunidad. Ese es el llamado que hacemos y espero que, de aprobarse esta semana en la Cámara de Diputados, el Senado también le de la prioridad legislativa que esperamos, para actualizar nuestra legislación en esta materia y no tengan nunca más, los sacerdotes, los religiosos, una coraza de protección judicial y legal que en definitiva hace que este tipo de casos no lleguen a la justicia civil”.
