Un grupo de diputadas y diputados Independientes, PPD, PC y de la UDI, liderado por Marta González (Independiente-PPD), ingresó un proyecto de ley que establece controles que permitan prevenir y sancionar el uso de aplicaciones y plataformas digitales para la comisión de delitos, como ha ocurrido con la plataforma de citas Grindr, que ha sido utilizada para el tráfico de drogas y prostitución infantil.
La diputada González, manifestó que «cuando hablamos de seguridad no podemos descuidar el ciberdelito. Tenemos que tener una legislación que cubra este vacío, porque si en la década de los ’90 los micro traficantes estaban parados en las esquinas, hoy día los tenemos dentro de los hogares. Aplicaciones como Grindr no tienen ningún filtro para que menores de edad accedan a distintos tipos de contenido sexual explícito, o se utilice como una plataforma para el consumo de drogas».
«Tenemos que entender que este mundo está cada vez más tecnologizado y los jóvenes están cada vez más en las pantallas sin ninguna regulación. Llamamos a que se legisle con la mayor celeridad, y que nuestro país sea pionero en Latinoamérica en legislación contra el ciberdelito», manifestó Marta González.
Por su parte, la diputada independiente, Camila Musante, afirmó que “hoy el problema de seguridad se traspasa a diversos ámbitos, también al ciberespacio, como lo son las plataformas digitales, que en el último tiempo han sido utilizadas para cometer diversos delitos, tales como tráfico de drogas, divulgación de fotos íntimas, extorsiones, entre otros, del cual también son objeto menores de edad, quienes son los más expuestos a esto. Es importante regular esta situación, que se obligue a estas plataformas a elevar los estándares y medidas de seguridad, para que el ciberespacio sea un lugar seguro para todos y todas”.
En tanto, la diputada comunista, Alejandra Placencia, aseguró que «debemos enfrentar que muchos delitos se cometen en las plataformas virtuales y en nuestro país existe un vacío legislativo que debemos comenzar a resolver, sobre todo porque expone a niños, niñas y adolescentes al acceso de información para adultos y también a un comercio ilícito sin que haya resguardo alguno».
La iniciativa señala que “los proveedores de acceso a internet que detectaren aplicaciones, redes sociales o plataformas digitales en donde se promueva, facilite o ejecute delitos como micro tráfico, narcotráfico, divulgación de pornografía infantil, explotación sexual de menores u otros, o que proveyendo contenido para mayores de edad, estas no cuenten con métodos fehacientes que acrediten la mayoría de edad del usuario, deberán informar tal situación, a fin de que éste pueda ejercer su derecho a bloqueo o control parental».
Asimismo, «el proveedor deberá informar a quien administre la aplicación, la red social o plataforma, respecto de potenciales actividades ilícitas, el cual deberá proceder al bloqueo o cancelación de dichas cuentas, y poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público».
Además, «dichos proveedores deberán realizar controles internos destinados a detectar la comisión de los delitos señalados, de lo que deberán rendir informe trimestral a la Subsecretaría. De no cumplir con el deber establecido, los proveedores y las aplicaciones podrían ser sancionados con multas que fluctuarán entre 5 y 1.000 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia en un mismo tipo de infracción, se podrá triplicar el máximo de la multa».
También firmaron el proyecto de ley los diputados independientes-PPD Cristián Tapia, Héctor Ulloa, Raúl Soto, Carlos Bianchi, y Jaime Araya; Carolina Marzán (PPD); Alejandra Placencia (PC); y Juan Manuel Fuenzalida (UDI).
