Las fugas de conductores tras controles o fiscalizaciones de Carabineros en la vía pública se han vuelto cada vez más frecuentes. Estas situaciones, en muchas ocasiones, terminan con transeúntes o carabineros lesionados e incluso provocan accidentes de tránsito, convirtiéndose en un grave peligro para la seguridad pública.
En respuesta a esta problemática, los diputados Jorge Alessandri (UDI) y Andrés Longton (RN) impulsaron un proyecto de ley que ya fue aprobado en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y que ahora pasa a sala para ser despachado al Senado. Según Longton, “nuestro proyecto, castiga la huida o arrancarse de Carabineros en la vía pública cuando hay un control de tránsito. Hoy inexplicablemente esto no tiene sanción penal. Es decir, huir de Carabineros sale gratis en nuestro país. Por eso establecimos una sanción penal y que, además, quien huya de Carabineros en vehículo y que por eso lesione o mate a una persona, va a tener una sanción agravada producto de esta imprudencia temeraria”.
Por su parte, el diputado Alessandri destacó que “este proyecto responde a una de las grandes dificultades en materia de seguridad pública: personas que, al ser fiscalizadas, optan por huir, ya sea por tener órdenes de detención vigentes o por delitos previos cometidos, generando consecuencias graves que ya todos conocemos. Establece la tipificación del delito de no detención de la marcha o fuga de conductores que hayan sido intimados por Carabineros para un control o fiscalización, imponiendo sanciones claras y proporcionales al daño causado”.
El texto establece sanciones para quienes no se detengan o se fuguen de un control policial, con la pena de prisión en su grado máximo, multa de 1 a 4 Unidades Tributarias Mensuales y la pena accesoria de 6 meses de suspensión de licencia para conducir vehículo motorizado. Sin embargo, si producto de esta acción se ocasionaran lesiones graves en un tercero o la muerte de alguna persona, se impondrán las penas de presidio menor en su grado máximo y la accesoria de 36 a 60 meses de suspensión de licencia para conducir vehículo motorizado.
Con esta medida, los parlamentarios buscan cerrar un vacío legal que actualmente permite que huir de un control policial no tenga consecuencias penales.
