En medio del silencio del Gobierno y el Ejército en el caso de espionaje al periodista Mauricio Weibel y a funcionarios de la institución que denunciaban corrupción, la directiva del Partido Socialista, se reunió con el Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva para manifestar la preocupación por la información que reveló el medio Ciper y que da cuenta de un eventual engaño por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINE) para conseguir una autorización judicial que autorizara la interceptación telefónica.

El senador Alfonso de Urresti, quien solicitó la audiencia con la Corte Suprema, expresó que “estamos frente a un caso gravísimo de engaño a poderes del Estado que es inaceptable, porque no es normal ni legal en democracia que los servicios de inteligencia del Ejército se dediquen a interceptar comunicaciones telefónicas de personas que hacen denuncias o investigan corrupción, como en este caso. Aquí hay un claro atentado a la libertad de prensa”

“Estamos preocupados pues esta denuncia por espionaje de parte del Ejercito al periodista Mauricio Weibel es gravísima. Fue esta preocupación la que como parlamentarios del Partido Socialista, quisimos plantear al Presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva. En Chile no podemos aceptar que se repitan prácticas propias de la Dictadura. Y por cierto, esperamos explicaciones de parte del Ministerio de Defensa”, subrayó De Urresti

Para el diputado Leonardo Soto, quien presentó en agosto del 2019 una querella en el Ministerio Público por el caso, más conocido como Operación W, “se deja entrever que hay una corrupción estructural en las FF.AA. desatada y fuera de control, donde hay opacidad absoluta y cuyo responsable político de ese entonces, el ministro de Defensa Alberto Espina, fue quien avaló completamente el procedimiento”.

“Creemos que esta operación está al margen de la legalidad, compromete al poder judicial a un nivel nunca antes visto e incluso hay un uso abusivo de la ley de inteligencia que hay que corregir”, manifestaron los asistentes a la reunión que se realizó vía zoom por la emergencia sanitaria.

Cabe señalar, que cuando la interceptación se hizo pública en 2019, el ex ministro Espina respaldó la operación ante la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados encargada de supervisar el sistema de vigilancia y se dijo que se había hecho dentro del margen de la ley.

Al respecto, los parlamentarios señalaron que “urge establecer la responsabilidad del entonces ministro Espina en este caso y los caminos que se visualizan son dos: fue engañado por parte de la DINE, lo que habla de la poca rigurosidad en su cargo, o fue parte de esta operación y por ende la encubrió. En ambos casos, su permanencia en el Consejo de Defensa del Estado se hace insostenible”.

Asimismo, los congresistas alertaron que “si se sigue escarbando en este caso, podríamos estar en presencia de más civiles que fueron o están siendo espiados y ese es un conflicto mayor, porque va a demostrar que el Ejército, después de 40 años de recuperada la democracia, sigue operando contra civiles y trabaja, más bien, para encubrir la corrupción castrense en el alto mando, persiguiendo e intimidando a los denunciantes con total impunidad”.