Felipe Donoso y Jorge Alessandri cuestionaron al Ejecutivo por «transgredir» lo que ha definido la Contraloría y la Corte Suprema, en términos de la competencia y los años de reconocimiento.
El subjefe de la Bancada UDI e integrante de la comisión de Hacienda, Felipe Donoso, junto con el diputado Jorge Alessandri, cuestionaron al Gobierno, en particular al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por incorporar la denominada «confianza legítima» en el reajuste al sector público del próximo año, a pesar de lo que ha establecido la Contraloría General de la República y la propia Corte Suprema.
En concreto, los parlamentarios gremialistas aludieron al punto 14 del protocolo de acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales reunidas en la Mesa del Sector Público (MSP), que señala que en el proyecto de ley «se incorporará una norma que dispone que la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas (…) se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado (…) sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio (…)».
Sin embargo, en el mismo punto también se acordó que «los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos, podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación, o su renovación en condiciones distintas», agregando que la Contraloría «sólo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales».
Lo anterior, a juicio de los diputados Donoso y Alessandri, «transgrede de manera muy grave» lo que ha establecido la Contraloría y la Corte Suprema. Esto, porque en noviembre del año pasado el órgano fiscalizador determinó que las demandas de los trabajadores debían ser resueltas por los tribunales de justicia y no por ellos. En tanto, el máximo tribunal, en sucesivos fallos que vienen desde 2022, extendió de dos a cinco años el plazo de reconocimiento de la «confianza legítima» en las contratas, a lo que se suma un fallo de octubre de este año, en el que se resolvió que dicho principio «carece absolutamente de consagración normativa» y que, además, la temporalidad «es incompatible con cualquier pretensión de estabilidad o permanencia indefinida», concluyendo así que no se trata de un derecho adquirido.
Por lo mismo, los integrantes de la Bancada UDI acusaron al Gobierno de «pretender instalar por la vía legal un criterio que ya fue resuelto tanto por la Contraloría como por la Corte Suprema», advirtiendo incluso que «es evidente que el objetivo de las actuales autoridades es establecer una inamovilidad de los funcionarios a contrata, de tal manera de amarrar en el Estado a los operadores y cercanos a ellos».
«Es completamente intolerable que, ad portas de un cambio de administración, el Gobierno pretenda perpetuar en el cargo a cientos o incluso miles de operadores políticos, convirtiendo al Estado en una verdadera agencia de empleo financiada con los recursos de todos los chilenos. La Contraloría ya había establecido que las demandas debían ser resueltas por los tribunales de justicia y la Corte Suprema definió en cinco años el reconocimiento de la ‘confianza legítima’. Pero resulta que ahora el Ejecutivo pretende rebajar ese plazo a dos años y, además, forzar al organismo a resolver estos casos, pasando por alto los criterios establecidos. Todo ello demuestra una intención evidente por asegurar la permanencia en el Estado de las personas vinculadas políticamente a ellos», criticaron los legisladores.
Por lo mismo, Donoso y Alessandri anunciaron que rechazarán dicha norma durante la tramitación del proyecto, asegurando que «no vamos a estar disponibles para burlar la institucionalidad y utilizar el reajuste al sector público para que transformen al Estado en un refugio para operadores políticos».
