Como un hecho de “extrema gravedad” calificaron los senadores Alberto Espina y Felipe Harboe los errores que presentaría el Registro de inhabilidades para condenados por delitos sexuales de menores. Ello, tras diversas denuncias públicas que revelarían que un número no menor de estos ofensores no habría sido incluido en dicho registro por diversas omisiones.
Cabe señalar que este procedimiento permite saber si una persona está inhabilitada para trabajar con niños por alguna de las siguientes causas: violación, abuso sexual, actos de connotación sexual y producción de pornografía, entre otras. El registro de inhabilitados también incluye a personas que cometan el delito de sustracción de menores y robo con violencia o intimidación, cuando una de las víctimas hubiese sufrido la violación siendo menor de 14 años.
Por ello, a solicitud del senador Espina este miércoles, se realizará una sesión de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana para invitar al Presidente de la Corte Suprema, al director Registro Civil y al Ministro de Justicia para que “nos entreguen una visión sobre qué y por qué ocurrió”.
Explicó que según los antecedentes preliminares “las personas condenadas por abusos sexuales contra menores debiendo figurar en el registro respectivo no figuran incluidos debido a omisiones que provendrían tanto de jueces o de funcionarios del Registro Civil”, dijo.
Agregó que “producto de esta omisión, a lo menos, hay un caso donde el autor del delito que no fue registrado volvió a reincidir y de hecho estaría detenido. La pregunta es: quién responde ante la nueva víctima, porque esa persona nunca debió haberse acercado a un menor de edad”.
Precisó que “si bien no tenemos facultades fiscalizadoras si podemos realizar un seguimiento del cumplimiento de las leyes de modo de identificar por qué se pueden producir estos vacíos”.
Por su parte, el senador Felipe Harboe, presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana, coincidió con su par en la necesidad de realizar una análisis de estas denunciar, sin embargo precisó que “no hay un vacío en la ley hay un tema de gestión. Nosotros hicimos una ley que establece la obligación de incorporar en el registro público de pedófilos y la gente que debiera estar incluida no lo está y lo que corresponde es establecer grados de responsabilidades”.
La denuncia de errores en el registro de pedófilos, que permitiría que condenados por delitos sexuales contra menores no aparezcan en la nómina pública. Por eso, exigen sanciones para jueces y funcionarios del Registro Civil.
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