*Marlene Pérez y Flor Weisse citarán a la titular de la Mujer al Congreso para que se refiera a los detalles del convenio acordado entre ambas partes y que bordearía los $30 millones.
Las diputadas de la Bancada UDI, Marlene Pérez y Flor Weisse, apuntaron a la actual ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, por el acuerdo económico que el Gobierno alcanzó durante las últimas semanas con Isabel Amor, quien a las 48 horas de haber asumido como directora del Servicio Nacional de la Mujer (SernamEG) de Los Ríos fue desvinculada de su cargo, todo ello tras las declaraciones que realizó sobre el rol de su padre, a quien la Corte Suprema le había confirmado una sentencia por delitos de violaciones a los derechos humanos cometidos el año 1973.
Al respecto, cabe recordar que fue a mediados del año pasado cuando se llevó a cabo el polémico despido, donde si bien en un principio el Gobierno justificó la salida asegurando que sólo se trataba de una “pérdida de confianza” con la profesional, días después la ministra Orellana confirmó que respondía a los dichos que Isabel Amor había efectuado sobre su padre, manifestando que si bien las declaraciones emitidas eran “comprensibles para una hija, no lo son para una autoridad pública”.
Lo anterior no sólo derivó en que las legisladoras de la UDI citaran a la titular de la Mujer al Congreso, como también a la propia involucrada, sino que también que varios parlamentarios del oficialismo solicitaran su reincorporación, sobre todo porque Amor fue designada vía Alta Dirección Pública.
Sin embargo, tras conocerse que durante las últimas semanas el Gobierno alcanzó un acuerdo con la ex directora del SernamEG a partir de la demanda laboral que había interpuesto por la vulneración de sus derechos fundamentales, las diputadas Pérez y Weisse apuntaron directamente a la ministra Orellana, acusándola finalmente de “darse un gustito con los recursos que son de todos los chilenos”.
“Es absolutamente preocupante que las decisiones ideológicas de una autoridad de turno terminen provocando un millonario perjuicio para el país y para todos los chilenos. Estamos hablando del pago de cerca de $30 millones que, de acuerdo a la información que existe, habría sido acordado entre el Gobierno y la ex directora. Es decir, un verdadero gustito de la ministra Orellana que se terminó financiando con recursos públicos”, cuestionaron las parlamentarias gremialistas, quienes insistieron en que “aquí no sólo hubo un grave acto de cancelación por opinar distinto, sino que también derivó en un millonario costo para el Estado, del cual -como ha sido la tónica- nadie se hará responsable”.
Producto de la situación y ante la escasa información que existe hasta el momento, las integrantes de la Bancada UDI acordaron que citarán a Orellana a la comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Cámara Baja, justamente para que entregue mayores detalles sobre el acuerdo que se alcanzó.
Así, reiteraron que “cuando una autoridad toma decisiones que responden más a bien a diferencias personales e ideológicos, y que derivan en consecuencias económicas para el Estado, deben asumirse todas las responsabilidades políticas que correspondan”, agregando que “esperamos que la ministra de la Mujer dé todas las explicaciones que sean necesarias, porque una vez más estamos frente a un Gobierno que no tiene ningún problema en despilfarrar millonarios recursos públicos”.
