Como “un camino peligroso que requiere el análisis del Senado para determinar las vías a seguir”, calificó el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, al denominado acuerdo entre la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica y el Ministerio Público.
Para Alejandro Navarro, “el Ministerio Público tiene el deber constitucional de amparar a las víctimas y perseguir delitos y sus autores. Ello requiere de una investigación reservada, así lo declara la ley, que se hace pública sólo si hay aspectos de ella que lesionan derechos del imputado”.
“Pero en el acuerdo se lee que el Ministerio Público mantendrá informado a la Conferencia Episcopal de los cursos de las investigaciones, algo que se ve absolutamente ilegal y que no parece cumplir el rol de amparar a las víctimas y perseguir el delito”.
“Esto ha sido criticado desde los más amplios sectores; desde las víctimas de Karadima, la Asociación de Fiscales, el ex Fiscal Carlos Gajardo, el Ministro de Justicia, y todos con razón: no parece razonable que el perseguido acuerde con el persecutor aspectos de la investigación. Aquí no parece haber nada que acordar. Se debe cumplir la ley y punto. Las motivaciones y cláusulas de este acuerdo, deben ser revisadas por la Comisión especializada del Senado”, añadió.
Navarro se preguntó “¿por qué el Ministerio Público trata de manera distinta estos crímenes?, ¿acaso debemos esperar que Penta, SQM, y otras empresas o agrupaciones comprometidas en delitos vayan a firmar acuerdos con el Ministerio Público para reaccionar?. No queremos presumir mala fe, pero esta vía es algo que debemos revisar como Senado. Nos preocupa que se aplique, nos preocupa que se pueda repetir”.
El senador por la Región del Biobío agregó que: “creemos que el mencionado acuerdo no es un contrato, no es una convención legal, todo indica que es un instrumento que queda al honor de las partes. No obstante, no podemos perder de vista que la jerarquía de la Iglesia ha tolerado y encubierto delitos graves contra la indemnidad sexual de niños y niñas, y que la Fiscalía está llamada a investigar, no a acordar nada con los investigados, imputados y las organizaciones a las que pertenecen. Si ya hay críticas por el manto de impunidad de la denominada Comisión Scicluna, este acuerdo no da una buena señal”.
“El artículo 7 de la Constitución establece que ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”, recordó el parlamentario.
Para finalizar, Navarro señaló que, “como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, sesioné en el CREAD Galvarino dos días después de la muerte de Lissette Villa, y pedimos al Fiscal Nacional el nombramiento de un Fiscal preferente para investigar los abusos del Sename y de la Iglesia, cargo que recayó en el Fiscal Marcos Emilfork, quien también ha criticado el actual acuerdo Iglesia-Fiscalía”.
“Por tanto, esta Comisión de DDHH que hoy nuevamente presido, tiene interés y experiencia en el caso. Vamos a determinar los cursos de acción para que las cosas marchen de acuerdo a la ley, por lo que espero asistan todos los actores, tanto de la Iglesia como del Ministerio Público, pero también las organizaciones de víctimas, ONG’s de derechos del niño, la Asociación de Fiscales, la UNICEF y la Defensoría del Niño, entre otros”, sentenció Navarro.
