• El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, senador Francisco Chahuán, expresó su confianza en que el presidente electo José Antonio Kast mantenga la urgencia legislativa y asegure los recursos necesarios para que las indemnizaciones se materialicen de manera efectiva.
Los senadores Francisco Chahuán y Carmen Gloria Aravena destacaron la aprobación, en la Comisión de Derechos Humanos, del proyecto de ley que establece mecanismos de reconocimiento, calificación y reparación para las víctimas de la violencia asociada al conflicto intercultural y territorial en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Ahora, corresponde a la Sala del Senado continuar con la tramitación.
Chahuán, presidente de la comisión, explicó que la iniciativa define quiénes serán considerados como víctimas, establece un procedimiento formal y un registro oficial y contempla asesoría para garantizar el acceso a las indemnizaciones correspondientes.
En su opinión, esto representa un paso clave para reconocer el terrorismo en la macrozona sur y resaltar la importancia de proteger a las víctimas para lograr la paz social. Por lo mismo, expresó su confianza en “que el gobierno del presidente Kast logre mantener la urgencia legislativa y asegure los recursos necesarios para que las indemnizaciones se materialicen de manera efectiva y oportuna.”
Por su parte, la senadora Carmen Gloria Aravena, representante de La Araucanía, resaltó que el proyecto visibiliza a quienes han sufrido violencia durante décadas y promueve mecanismos institucionales de reparación. Explicó que “durante años, las víctimas han quedado invisibilizadas y por esta vía buscamos que el Estado reconozca esa realidad y establezca mecanismos de acompañamiento y reparación para quienes han sido víctimas de atentados, amenazas o graves afectaciones en su vida cotidiana.”
Aravena también destacó que la iniciativa reconoce tanto a víctimas mapuche como no mapuche, y enfatizó que avanzar en esta materia es clave para reconstruir la convivencia y fortalecer la confianza institucional en los territorios. De todos modos, planteó la importancia de mejorarlo con las indicaciones pertinentes para permitir una indemnización patrimonial y moral de las víctimas, similar a la regulación española.
El texto recoge recomendaciones del informe de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que propuso avanzar en una ley de reparación integral para las víctimas del conflicto en la macrozona sur. Se contempla la creación de una Comisión de Calificación de Víctimas, un Programa de Atención y Reparación y un Catastro Nacional de Víctimas, con el objetivo de establecer un marco normativo permanente para identificar a las personas afectadas por hechos de violencia desde 1990 en adelante. Entre otras medidas se incluye apoyo psicológico, social y jurídico, además de facilitar el acceso a beneficios en áreas como vivienda, salud y educación, según corresponda.
