Asimismo, los diputados Juan Antonio Coloma y Cristhian Moreira cuestionaron que en el segundo proceso que abrió el Senda se insistiera con un examen de orina en lugar de uno de pelo, manteniendo además el carácter de “confidencial” de los resultados en vez de públicos.
El secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, junto con el diputado Cristhian Moreira, acusaron una “grave improvisación” por parte del Gobierno luego que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) declarara desierta la licitación pública que abrieron a fines de abril para cumplir con el test de drogas obligatorio y semestral al que deberá someterse el Presidente Gabriel Boric, los ministros y subsecretarios durante el presente año.
Al respecto, cabe recordar que fue en la tramitación de la Ley de Presupuestos 2025 que se aprobó una indicación que promovió la UDI para establecer la obligación de las mencionadas autoridades de realizarse un “control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales”.
En ese sentido, y luego que a fines de abril los diputados Coloma y Moreira cuestionaran la falta de transparencia respecto del cumplimiento de dicha medida, el Gobierno informó que habían abierto una licitación para contratar al laboratorio que se encargaría de realizar los test a las autoridades.
Sin embargo, un mes después, el Senda decidió declarar el proceso como desierto al constatar que ninguno de los dos oferentes cumplió con todos los requisitos, lo que a juicio de los parlamentarios gremialistas pondría en riesgo el cumplimiento de los plazos, puesto que el primero de los dos test debería realizarse antes del 30 de junio para así cumplir con el carácter de “semestral” de la medida.
“La desidia y falta de interés que ha mostrado el Gobierno con este tema no sólo ha llevado a que actúen de manera absolutamente improvisada, como lo evidencia el fracaso de la licitación que levantó el Senda, sino que además pone en serio riesgo el cumplimiento de los plazos que dispuso la Ley de Presupuestos 2025, donde se dejó expresamente establecido que los exámenes deben realizarse semestralmente, es decir, antes del 30 de junio debe estar listo el primero de ellos. Sin embargo, teniendo todo el año para cumplir con esta obligación, prefirieron dejar todo para última hora, evidenciando su falta de compromiso total con esta medida”, cuestionaron Coloma y Moreira.
Producto del fracaso del primero proceso, el Senda decidió abrir una segunda licitación el pasado 19 de mayo, con plazos más acotados que la anterior. No obstante, los parlamentarios de la UDI calificaron como “insólito” que el Gobierno haya decidido mantener los aspectos más polémicos del anterior llamado, como por ejemplo que los exámenes sean de orina y no de pelo, que la toma de muestra no sea aleatoria, sino que previamente coordinada con las autoridades, y que los resultados de los controles sean confidenciales, a diferencia del que se realizan los diputados, que es público.
“Pudiendo haber modificado las bases en esta segunda licitación para así dotar de una mayor transparencia este proceso, el Ejecutivo prefirió insistir con un examen de orina que sólo mide 72 horas hacia atrás, en vez de un test capital que permite detectar un consumo de hasta tres meses o incluso más. Pero además, mantuvieron algunos criterios que son completamente insólitos, como el hecho de que la toma de muestra sea coordinada previamente con las autoridades y no un acto sorpresivo, y que los resultados no sean públicos, sino que confidenciales, lo que es una verdadera burla y una grave falta de transparencia frente a toda la ciudadanía”, criticaron ambos legisladores.
