Un grupo de diputados de la Bancada UDI, liderados por Cristóbal Martínez y Natalia Romero, presentaron esta tarde un proyecto de ley que busca postergar hasta mediados de 2024 la entrada en vigencia de la denominada “Ley Uber”, que viene a regularizar las aplicaciones de transporte que operan en el país, pero que, durante las últimas semanas, ha levantado una serie de preocupaciones en el sector debido a las distintas exigencias que podría incluir el Gobierno dentro de su reglamento.
Al respecto, si bien ambos parlamentarios reiteraron la necesidad de regularizar dicho servicio, de manera de brindarle mayor seguridad tanto a los conductores como a los pasajeros, advirtieron que cerca de un 90% de los viajes que se realizan actualmente podrían dejar de ofrecerse una vez que la ley entre en vigencia, afectando de esta manera a la mitad de los conductores de aplicaciones.
Por lo mismo, Martínez y Romero -además de otros siete integrantes de la Bancada UDI- ingresaron durante esta jornada una iniciativa para extender en tres meses más, es decir, hasta el 19 de abril de 2024, el plazo para que el Gobierno ingrese dicho reglamento, además de aumentar en 60 días la entrada en vigencia de la mencionada ley, lo que podría ocurrir a mediados de julio del próximo año.
“Es absolutamente necesario que las actuales autoridades recojan las distintas preocupaciones que han manifestado los conductores de aplicaciones, y que han sido validadas incluso por un estudio de la Universidad Diego Portales, en el cual se confirmó que cerca de un 90% de los viajes que se realizan actualmente no podrían ser cubiertos por el transporte público, y que además uno de cada dos conductores se verían perjudicados por el reglamento que está elaborando el Gobierno”, advirtieron los diputados gremialistas, quienes agregaron que “el objetivo de esta ley era regularizar un servicio que se ha ido masificando en nuestro país, pero en ningún caso restringirlo al mínimo”.
En esa línea, los parlamentarios se refirieron a las distintas restricciones que incluiría el Ministerio de Transportes en el reglamento, como la obligación de contar con un automóvil nuevo para quienes no se registren dentro de los primeros seis meses y cuya cilindrada sea superior a los 1.400 cc.
Además, recalcaron que en medio de la grave crisis laboral que afecta al país, “no parece lógico ni pertinente insistir con una serie de requisitos que van a terminar impactando aún más en los trabajadores”, por lo que llamaron al Gobierno a patrocinar la idea y despacharla antes del plazo.
“Todos queremos que este tipo de plataformas estén regularizadas en nuestro país y puedan ofrecer una mayor seguridad a los pasajeros. Pero las exigencias que hemos conocido hasta ahora terminarán por perjudicar enormemente a los conductores, como también a los usuarios, porque una reducción en los viajes provocará un aumento en los precios. Por eso esperamos que el Gobierno entienda las preocupaciones y saquemos adelante esta ley corta”, reiteraron Martínez y Romero.
