El Presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, junto a la vicepresidenta María José Hoffmann, el diputado Jorge Alessandri, el encargado del Departamento Electoral Jaime Coloma y el Core Sebastián Rocha, anunciaron una batería de propuestas legislativas para enfrentar lo que califican como una crisis institucional derivada del avance del narcotráfico, la migración descontrolada y la corrupción en el aparato público y de seguridad del Estado.
Ramírez acusó al Gobierno de negligencia en la gestión de la seguridad y la migración, advirtiendo que la penetración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas tiene relación directa con una débil estrategia de control fronterizo. “Si uno envía a policías y militares a la frontera sin resguardos, los expone al narco. El gobierno creyó que enviar efectivos era suficiente, pero no hizo nada para evitar que fueran corrompidos”, señaló.
Citando un antiguo proverbio romano –“la corrupción de lo mejor es lo peor”– Ramírez subrayó la gravedad de que sean precisamente las autoridades llamadas a combatir el crimen quienes terminen involucradas. “No es lo mismo que se corrompa un ciudadano común a que lo haga un juez, un carabinero o un político. Por eso las penas deben ser más duras”, afirmó.
Las cinco propuestas de la UDI:
- Test de drogas obligatorio para todas las autoridades del Estado, incluyendo al Presidente de la República, ministros, parlamentarios, jueces, alcaldes, concejales, y miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Los test –de pelo y con resultados públicos– permitirán evaluar sanciones, incluso la pérdida del cargo, según el caso.
- Pena de cárcel efectiva para cualquier autoridad pública que tenga vínculos con el narcotráfico o el crimen organizado. “Si la corrupción de lo mejor es lo peor, las sanciones deben ser las más altas”, dijo Ramírez.
- Cierre físico de las fronteras en los puntos más críticos del norte del país, con la construcción de 240 kilómetros de muros y barreras, uso de drones y tecnología avanzada para un control efectivo del ingreso irregular.
- Expulsión de los 3.000 migrantes presos en Chile por delitos, con el fin de descongestionar las cárceles y recuperar el control del sistema penitenciario, actualmente afectado por la sobrepoblación y el crimen organizado tras las rejas.
- Inversión de 2.500 millones de dólares en tecnología para control fronterizo, incluyendo 140.000 cámaras con reconocimiento facial, drones de vigilancia y sistemas inteligentes de monitoreo.
Por su parte, el diputado Jorge Alessandri criticó directamente al Presidente de la República por no someterse a un test de drogas. “Podríamos decir que no tiene un pelo de tonto, pero ¿alguien puede asegurar que no tiene un pelo de drogadicto? No lo sabemos, porque no se ha hecho el test de pelo. La señal que da es clave, porque si el Presidente no lo hace, nadie más lo hará”, sostuvo.
Alessandri también arremetió contra el ministro de Justicia, Luis Cordero, por sus declaraciones sobre el estado de las policías: “Si la situación es catastrófica, es porque usted está a cargo y no ha actuado. No pueden quejarse como si estuvieran en la protesta de la Alameda cuando tienen el poder en sus manos”.
Ambos dirigentes reafirmaron que estas propuestas serán parte del programa presidencial de la UDI para el próximo gobierno, advirtiendo que Chile enfrenta una amenaza sin precedentes: la infiltración del crimen organizado en las instituciones. “Estas medidas pueden ser duras y costosas, pero son necesarias. O enfrentamos el problema con decisión, o lo pagaremos con nuestra democracia y nuestra seguridad”, concluyó Ramírez.
