Los diputados Cristhian Moreira y Cristián Labbé aseguraron que el Gobierno tendría la obligación de enviar el acuerdo al Parlamento porque abordaría tratados internacionales.
Los diputados de la Bancada UDI que integran la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Cristhian Moreira y Cristián Labbé, ingresaron durante esta mañana un requerimiento ante la Contraloría General de la República solicitando resolver si el acuerdo de colaboración suscrito en enero de este año entre Chile y Venezuela, debe ser sometido o no a tramitación en el Congreso.
Al respecto, y a raíz de la polémica que ha generado dicho convenio, luego que un medio de comunicación venezolano lo relacionara con el secuestro del ex militar Ronald Ojeda, lo que fue descartado por el subsecretario Manuel Monsalve, los parlamentarios gremialistas aseguraron que resulta “indispensable” despejar todas las dudas que puedan existir respecto del acuerdo, entre ellas la obligación de que sea discutido en el Congreso al abordar materias sobre tratados internacionales.
En esa línea, Moreira y Labbé acusaron una “falta de transparencia” de parte del Gobierno en relación con dicho acuerdo, manifestando que “si estamos hablando de un asunto tan delicado y grave para nuestro país, como es la crisis delictual que estamos viviendo producto de la migración irregular y descontrolada en el norte, lo mínimo es que las autoridades transparenten los alcances y detalles de este convenio que firmaron con uno de los principales responsables de esta situación”.
“Como Bancada UDI hemos decidido presentar un requerimiento ante la Contraloría General de la República, no sólo para que el Ejecutivo pueda transparentar todos los detalles de este acuerdo que decidieron firmar con la dictadura venezolana, sino que también para que se determine si, por los alcances y las materias que se abordan en el convenio, debe ser sometido o no a tramitación en el Congreso Nacional, tal como lo exige la Constitución”, señalaron los diputados gremialistas, quienes aseguraron que se trata de la misma condición que debe cumplir el Gobierno en relación con la ratificación del TPP-11, cuyas side letters también deben ser aprobadas por la Cámara y el Senado.
Producto de lo anterior, Moreira y Labbé precisaron en su escrito ante la Contraloría que “más allá del alcance de los puntos comprometidos (en el acuerdo), nos parece relevante determinar si su entrada en vigencia se encuentra sujeta o no a la aprobación del Congreso Nacional, especialmente considerando las dudas que podrían surgir respecto de su naturaleza jurídica y su tramitación, al ser un instrumento que (…) podría incidir en materias propias de este tipo de acuerdos bilaterales”.
Por lo mismo, ambos diputados manifestaron que “esperamos que la Contraloría pueda coincidir en nuestras aprensiones y ordene al Gobierno someter este convenio a tramitación en el Parlamento, porque estamos hablando de un asunto tan delicado que las actuales autoridades no pueden tomárselo a la ligera, sobre todo si aborda materias relacionadas con la seguridad de nuestro país”.
