El Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) de Gradualidad que establece los detalles de la Ley de Transformación Digital, cumpliendo así con el plazo establecido en la norma promulgada el 11 de noviembre de 2019 y que tiene tres pilares: Cero Filas, Cero Papel e Identidad Digital, avanzando en poner al Estado al servicio de las personas.

El DFL, que en estos momentos se encuentra para su toma de razón en la Contraloría General de la República, establece la gradualidad de la implementación de la Ley de Transformación Digital, con plazos diferenciados para las instituciones en función de sus capacidades, presupuesto y madurez tecnológica, con un plazo máximo de cuatro años para implementar las diferentes iniciativas. De esta manera, los primeros organismos en avanzar en el proceso de transformación digital serán las Instituciones de la Administración Central del Estado, la Contraloría General de la República y las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, seguidas por los Gobiernos Regionales y los Municipios.

Asimismo, el decreto define, entre otras cosas, plazos claros para la implementación de diferentes materias, como las comunicaciones oficiales electrónicas entre órganos del Estado, además de notificaciones electrónicas, digitalización de trámites, gestión de expedientes electrónicos, digitalización de documentos presentados en formato papel e interoperabilidad de las instituciones, lo que es fundamental para empujar los necesarios procesos de transformación digital en los organismos públicos.

Además, establece que las comunicaciones oficiales entre los organismos públicos deben ser100% electrónicas a fines de 2022. Para lo anterior, Gobierno Digital, entidad dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), desarrolló la plataforma DocDigital, la que ya está siendo implementada y utilizada por el 65% de las instituciones de la administración central del Estado.

El mismo plazo se establece para que entren en funcionamiento las notificaciones electrónicas, las que gracias al desarrollo de una nueva plataforma digital facilitará la comunicación entre las instituciones públicas y los ciudadanos, al permitir notificar oficialmente a las personas a través de un medio digital más seguro que el correo electrónico respecto del estado de sus trámites y beneficios.

Por otro lado, el DFL de Gradualidad establece que todos los trámites deberán estar digitalizados a fines del año 2023. Esto permitirá un ahorro sustancial para las personas y para el Estado, ya que un trámite digital es un 75% más rápido y un 95% más barato que uno presencial.

De acuerdo al Registro Nacional de Trámites, actualmente el 63,5% de los trámites de la administración central del Estado están digitalizados, lo que es un buen avance para cumplir la primera meta, que es alcanzar el 80% de digitalización a diciembre de 2021.

Respecto a la interoperabilidad de las instituciones, que permitirá que la gente se olvide de las filas en una oficina y que un servicio público no le pida un certificado o papel que ya está en manos del Estado, se espera que esté completamente operativa a fines del 2024.