Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema –el lunes 24 de febrero pasado– analizó la iniciativa legal que «Modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y regular el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos contra el orden socioeconómico que indica».

Informe que fue remitido a la Cámara de Diputados el jueves 2 de abril recién pasado, con el parecer de la Corte Suprema sobre la creación de la figura del interventor judicial.

«La referida iniciativa legal, en síntesis, tiene como finalidad modificar ciertos aspectos que regulan la responsabilidad de las personas jurídicas, ampliando el catálogo de delitos que les pudieren ser imputables e incorporando como sanción y medida cautelar el nombramiento de un ‘interventor judicial’, único aspecto consultado a este tribunal, además de crear la circunstancia de una nueva agravante, cuando la creación de la persona jurídica se haya hecho con el fin de delinquir», plantea el informe.

El oficio agrega que: «Por otra parte, es dable advertir, que en la moción en análisis no está legalmente determinada la función del interventor, refiriendo de manera difusa su participación en ciertos casos, lo que para esta Corte se traduce en una transgresión al principio de legalidad, toda vez que se ha obviado determinar con claridad sus atribuciones».

«En cuanto a su impacto para el Poder Judicial, podría aumentar el número de ingresos de causas, en los distintos tribunales con competencia penal, por otro lado no habría un impacto en lo orgánico ya que esta nueva figura del ‘interventor judicial’, sería un personaje externo», añade.