En un trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio Público en la Región de Aysén, y luego de diversas diligencias de detectives del equipo Microtráfico Cero de la Brigada de Investigación Criminal Aysén, una profesional de la salud investigada junto a su hijo, fue puesta en prisión preventiva por los delitos de tráfico vía extensión de recetas cheque del artículo 6 de la Ley 20.000 de drogas y falsificación de certificación médica, regulada en el artículo 202 y 204 del Código Penal.
Según explicó este viernes el Fiscal Regional, Carlos Palma Guerra, «el tráfico lo realiza mediante la venta de recetas cheque, que está penado por la Ley 20.000. Ella desde el año 2016 que se encuentra acá. Hemos logrado detectar más de 200 millones de pesos en beneficio producto de estas ventas, son más de 120 talonarios que ha solicitado a la autoridad administrativa de salud para efectos de venderlos. Por lo tanto, evidentemente ella estaba traficando en grandes cantidades en nuestra región».
El persecutor penal añadió que los medicamentos recetados o vendidos directamente a los pacientes poseen como «principio activo fentermina, pero son distintos medicamentos especialmente utilizados por pacientes para bajar de peso que exigen conforme a la ley, una evaluación, exámenes médicos y la prescripción médica profesional seria, no la venta como la hemos detectado, tratándose de tráfico de drogas, mediante llamados telefónicos y venta de la receta a cambio de dinero».
DILIGENCIAS
Por su parte el Jefe de la Región Policial Aysén de la PDI, Prefecto Luis Torralba Ramírez, explicó que “estamos dando cuenta de una investigación que se prolongó por aproximadamente tres meses, donde como PDI logramos detectar a una profesional de la salud quien, en compañía de su hijo, extenderían licencias médicas y certificados para obtener medicamentos sin atención médica previa”, precisando además que “calculamos un beneficio económico por sobre los 200 millones de pesos con esta actividad ilícita de la profesional”.
En base al trabajo de análisis criminal, la PDI detectó que la profesional de la salud se dedicaría a la venta y comercialización de manera abusiva de recetas cheque, licencias médicas, certificados médicos y medicamentos sujetos a control especial del tipo estupefacientes – psicotrópicas, sin ningún tipo de evaluación de necesidad médica o terapéutica, configurándose el delito de infracción a la Ley 20.000.
Los oficiales policiales establecieron que la doctora mantiene una consulta particular que utilizaría como fachada en el centro de la comuna de Puerto Aysén, mientras que la venta, habría sido realizada por su hijo a través del cerco de su vivienda, previa coordinación telefónica con los interesados.
Durante el procedimiento desarrollado el jueves en el domicilio y la consulta médica de la doctora, se logró la incautación de diversos comprimidos con los principios activos de fentermina y otros como clonazepam, clordiazepóxido, diazepam, midazolam, lorazepam y codeína, cuyo valor comercial asciende a cerca de los 150 mil pesos.
Del mismo modo, los detectives incautaron alrededor de dos millones de pesos en efectivo, dispositivos electrónicos y diversa evidencia documental relacionada al ilícito, como recetas cheques, licencias médicas, fichas médicas, cuadernos de anotaciones, libros de contabilidad, entre otros elementos.
FORMALIZACIÓN
La fiscal a cargo de la investigación, María Inés Núñez Briso, explicó que la profesional es de nacionalidad chilena y que había obtenido su título profesional en Argentina, el que posteriormente había sido revalidado en Chile.
La denuncia fue presentada en diciembre en la Bidema de Puerto Aysén y en el transcurso de la investigación se ha logrado detectar que «no concordaba la receta médica con una necesidad médica o indicación terapéutica. Es decir, no se atendía a los pacientes como era debido y se entregaban recetas cheques para adquirir psicotrópicos regulados en la ley 20.000. Se trata específicamente de Sentis y otros similares, cuyo principio activo es la fentermina. En este sentido, se entregaban afuera de la misma casa, no se hacía entrar a los pacientes», entre otros, explicó la fiscal del Ministerio Público.
El plazo para el término de las diligencias fue fijado en 90 días por el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén.
